
A la otrora matrona electoral en la Costa Caribe, Cielo Gnecco, se le volvieron a complicar las cosas en materia judicial, luego de que en la noche del miércoles 10 de abril el Tribunal Superior de Bogotá ordenara a reabrir el proceso que le llevaban por estar presuntamente implicada en el homicidio y el secuestro de dos contratistas de la Gobernación del Cesar en 2002.
De acuerdo con la nueva decisión, el fiscal 103 delegado ante esa alta instancia judicial tiene cinco días para que emita una nueva resolución, luego de que a mediados de marzo revocara la declaración de lesa humanidad en los dos crímenes, explicaron en la emisora Caracol Radio.
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Esa determinación fue cuestionada por la Procuraduría e instauraron una acción de tutela ante el Tribunal, cuyo fallo descalificó la decisión del representante del ente acusador y consideraron que había irregularidades “protuberantes” en ese caso porque pasó por encima de la jerarquía de los procesos penales, desestimó el material probatorio que se había recopilado, así como el precedente constitucional que establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, por lo que no pueden archivarse hasta que se profiera un fallo de fondo, detallaron en el periódico El Espectador.
Los magistrados que conocieron la tutela, además, destacaron que la controversial decisión del fiscal fue arbitraria y caprichosa, así que solicitaron que se le inicie indagaciones disciplinarias y penales, indicaron en el mencionado medio radial.
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“Compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Disciplina Judicial”, citaron del fallo.
El proceso que le llevan a la baronesa del Caribe inició por su señalada participación en los crímenes de los contratistas que, al parecer, se negaron a pagarle una dádiva de 2.500 millones de pesos por una obra pública que les habían adjudicado, recordaron en la revista Semana.
El señalamiento por el que procesaron a Gnecco

La cacica del clan Gnecco en el Cesar fue señalada por el exparamilitar Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, de haber ordenado el homicidio de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Mendoza Guerra, quienes eran contratistas de la Gobernación.
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De acuerdo con ese testimonio, las víctimas habían rechazado pagar un millonario soborno de 2.500 millones que se les exigía por contratos con la administración departamental. Por esta razón, mencionó en su declaración, Gnecco, como gestora social, y otro funcionario de la Gobernación del Cesar del 2002 habían contactado a alias 39 para secuestrar y extorsionar a Hernández y Mendoza.
Ellos fueron secuestrados en abril de ese año con el objetivo de obtener el pago del mencionado soborno, pero ambos se negaron. Supuestamente, por dicha negativa, Cielo María Gnecco y Javier Gámez, según ’Gabino’, pidieron a David Hernández Rojas, alias 39, que los asesinara, crimen que presuntamente se perpetró el 8 de noviembre de 2002, a manos de individuos vinculados al grupo criminal, según afirmó la Fiscalía.
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A pesar de los testimonios, la Fiscalía Quinta Especializada concluyó la investigación contra Gnecco en 2023. El procurador Martín Barbero interpuso una apelación a dicha decisión y el caso fue transferido a la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar.
La delegada argumentó que la investigación contra la influyente política debía continuar debido a los testimonios que la implicaban en el crimen. No obstante, la fiscal Nancy del Carmen Martínez, de Valledupar, optó por revocar la medida de aseguramiento y la orden de captura.
La apelación a esta decisión resultó en una nueva suspensión de la investigación en su contra, la cual, según la Fiscalía, se realizó de “manera autónoma e independiente” por parte del fiscal 103 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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(Este artículo se elaboró con asistencia de inteligencia artificial)
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