
Un juez penal del Circuito condenó a Pablo José Monasterio Escalona, un terapeuta de origen extranjero, a cumplir una pena de 8 años y 4 meses de prisión, tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de un menor de edad. Este episodio tuvo lugar el pasado 25 de enero de 2023, en Medellín, departamento de Antioquia.
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El incidente ocurrió en el domicilio del agresor, durante una sesión donde el menor, de 14 años recibía masajes terapéuticos como tratamiento para una lesión en el tobillo. Según lo determinado por la investigación, Monasterio Escalona se aprovechó de la situación en la que el adolescente se encontraba dormido para realizarle tocamientos indebidos en sus partes íntimas.
La condena impuesta al terapeuta de 56 años responde al delito de acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, tras la evaluación y validación de todas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. Este caso reitera la importancia del rigor judicial frente a los delitos sexuales y resalta la necesidad de garantizar la protección y seguridad de los menores de edad.
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En más acciones de la Fiscalía contra las agresiones sexuales se logró imponer medida de aseguramiento en prisión a Luis Eduardo González Caicedo tras ser acusado de los graves delitos de acceso carnal violento y feminicidio en grado de tentativa.
El caso, que se remonta al 16 de mayo de 2023, involucra un ataque perpetrado por González Caicedo a su exnovia. Según los detalles de la investigación, el acusado se presentó en la vivienda de la mujer con intenciones de mantener relaciones sexuales.
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Frente a la negativa de ella, González Caicedo ejerció violencia física para sacarla del inmueble y llevarla a un lugar apartado, donde se cometió el presunto acceso carnal violento. En un momento ulterior del ataque, el hombre extrajo un cuchillo, con el que infligió heridas en el cuello y el estómago de la víctima. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a su padre, un tío y una prima, quienes lograron intervenir, salvándola y provocando la huida de González Caicedo.
La eficacia de la investigación llevada a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que comprendió inspecciones en el lugar de los hechos, entrevistas a testigos, evaluaciones de análisis médicos y declaraciones de la víctima, culminó con la emisión de una orden de captura por parte de un juez penal de El Tabo (Cauca) contra el acusado.
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La detención de Luis Eduardo González se efectuó en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Valencia de Popayán, gracias a la colaboración de agentes del CTI y de la Policía Nacional. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde se procedió a su indagatoria por parte de la Fiscalía.

En Colombia, el proceso para denunciar actos sexuales violentos está diseñado para ser accesible y brindar diversas opciones a las víctimas o a quienes tengan conocimiento de estos delitos. La justicia colombiana, a través de la Fiscalía General de la Nación, pone a disposición varios medios y procedimientos para que estas denuncias se realicen de manera efectiva y segura.
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Para iniciar una acción penal, las víctimas pueden acercarse a la Fiscalía General de la Nación, ya sea de forma verbal o escrita. Allí deben narrar los hechos de manera clara y sucinta. La Fiscalía dispone de diferentes puntos de atención para recibir estas denuncias, entre ellos se encuentran: las Salas de recepción de denuncias, que pueden ubicarse tanto de manera independiente como dentro de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), y las Casas de Justicia. Específicamente para los delitos sexuales, se han establecido los Centros de Atención a las Víctimas de Agresión Sexual (CAIVAS), dedicados a brindar un servicio especializado.

En situaciones donde la víctima se encuentre imposibilitada de dirigirse personalmente a la Fiscalía, la Policía Nacional actúa como un canal alternativo. Las personas pueden acercarse al cuadrante o estación de policía más cercanos, donde los oficiales tienen el deber de informar a las autoridades competentes sobre el caso.
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Para situaciones de emergencia o cuando se requiere asesoría inmediata, Colombia ofrece líneas telefónicas como la línea de emergencia 123 y la línea 155, dedicada a la orientación de mujeres víctimas de violencia. Estos recursos están disponibles para brindar atención rápida y eficaz a las víctimas.
Además, en casos donde los actos sexuales violentos sucedan dentro del ámbito familiar, las comisarías de familia son otro recurso disponible. Estas instituciones no solo reciben denuncias sino que pueden tomar medidas de protección para resguardar la seguridad y bienestar de las víctimas.
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