
En la tarde del miércoles 10 de abril de 2024, Infobae Colombia conoció un documento de la Veeduría Nacional Transparencia y Anticorrupción en el que el abogado Luis Humberto Guidales, en representación de la veeduría y como empresario del sector de El Poblado, inició una acción de tutela contra la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
Luis Humberto Guidales ha sido el responsable de varias demanda como, por ejemplo, la de pérdida de curul de Juan Carlos Upegui en el Concejo de Medellín y contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le dio personería jurídica a Creemos, el movimiento político que fundó el ahora alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
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De acuerdo con la información que se conoció en el documento, esta acción surge como respuesta a la promulgación de los decretos 0247 y 0248 del 22 de marzo de 2024, alegando violaciones a derechos fundamentales como el trabajo, la libertad de empresa, el debido proceso, entre otros.
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Los decretos fueron emitidos por el caso de presunta explotación sexual infantil relacionada al ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, el cual fue sorprendido en compañía de dos menores de edad en el hotel Gotham, ubicado en el sector de El Poblado en la capital antioqueña.
La medida legal busca revocar dichos decretos, argumentando que estos infringen principios constitucionales como la igualdad y no discriminación, afectando la actividad comercial en áreas turísticas como el Parque Lleras.
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Este sector, conocido por ser uno de los lugares con más presencia de trabajadoras sexuales, tanto colombianas como extranjeras, en Medellín, ha enfrentado cambios significativos, con un énfasis en la necesidad de estrategias más efectivas para controlar la prostitución y el turismo sexual.
Luego de que la Alcaldía decretara las medidas, el 2 de abril de 2024 se llevó a cabo una reunión en el hotel Park 10 entre el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y comerciantes y agremiaciones, en la que el funcionario reconoció las limitaciones institucionales y admitió que los decretos no resuelven la problemática de fondo.
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Los decretos en cuestión buscan suspender temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales en espacios públicos de áreas con afectaciones extraordinarias a la seguridad y orden público, pero también modificar los horarios de funcionamiento de establecimientos de comercio con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
Por lo tanto, la acción legal presentada por Guidales apunta a proteger los derechos al trabajo, la libertad de empresa y el debido proceso, argumentando que las medidas tomadas han sido desproporcionadas y razonables.
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En cuanto a estos derechos, en el documento se especifica que “la limitación de horarios restringe las horas durante las cuales los comerciantes pueden operar, lo que conduce a una disminución significativa en sus ingresos”; por lo tanto, “al restringir los horarios solo en el Parque Lleras mientras que en otras zonas cercanas los establecimientos pueden operar hasta más tarde, se crea una competencia desleal”.
Los decretos emitidos por la Alcaldía le quitan la potestad a los empresarios de “tomar decisiones sobre sus operaciones siempre que estas sean legales”, lo que puede llegar a generar que las restricciones prolongadas terminen por afectar la viabilidad de los negocios en el parque.
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Por tales razones, desde la Veeduría Nacional Transparencia y Anticorrupción, se pretende “TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo, la libertad de empresa, el debido proceso, la participación, así como en los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad, igualdad y no discriminación”; como también, “INAPLICAR los decretos 0247 y 0248 del del 22 de marzo del 2024″.
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