
En un gesto de solidaridad y cooperación internacional, el canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, anunció en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que nuestro país se encuentra dispuesto a ofrecer entrenamiento y adiestramiento a los policías haitianos.
En medio de la grave crisis que enfrenta Haití, con la violencia asolando sus calles y la falta de instituciones estables, Murillo descartó el envío de tropas colombianas al país caribeño. Sin embargo, destacó la disposición de Colombia para contribuir a través del entrenamiento de los cuerpos policiales haitianos.
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El canciller enfatizó que Colombia cree firmemente en la importancia de evitar intervenciones externas que han demostrado no ser efectivas en el pasado. Haciendo referencia al controvertido historial de las misiones de cascos azules, Murillo también resaltó la necesidad de encontrar soluciones más efectivas y sostenibles para abordar los desafíos de seguridad en Haití.
En este sentido, Colombia se ofrece como un centro de formación para los policías haitianos, aunque destaca la necesidad de apoyo financiero por parte de la comunidad internacional para llevar a cabo esta iniciativa.

Además del entrenamiento policial, Murillo mencionó la disposición de Colombia para ofrecer capacitación en formación de agentes de la sociedad civil y la integración de grupos en exclusión, basándose en la experiencia adquirida durante el proceso de paz en Colombia.
Finalmente, el canciller destacó los esfuerzos de Colombia para colaborar con las autoridades haitianas en la provisión de asistencia humanitaria, incluyendo alimentos y otros tipos de ayuda a través de agencias especializadas.
La oferta de Colombia para entrenar a los policías haitianos representa un paso significativo en la búsqueda de soluciones concretas y sostenibles para la crisis en Haití, reflejando el compromiso del país sudamericano con la paz y la estabilidad en la región.
Canciller (e) Murillo fue enfático ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “Condenamos cualquier acción en contra de la población civil”

En una destacada intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, reafirmó el compromiso del gobierno colombiano con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y con la protección de los derechos de la población civil.
Murillo destacó los avances significativos en la formalización de tierras para los campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como para las víctimas del conflicto armado, enfatizando en la atención a la población internamente desplazada. Además, resaltó el importante financiamiento destinado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la implementación de la reforma rural integral, como muestra del compromiso del gobierno con la construcción de una paz duradera en el país.
“Hemos formalizado cerca de 800.000 hectáreas de tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes, a víctimas del conflicto armado con énfasis en población interna desplazada”, dijo Murillo.
Sin embargo, el canciller reconoció que aún persisten desafíos importantes para lograr la plena implementación de los acuerdos de paz y alcanzar la paz total en Colombia.
“Ahora bien, reconocemos que aún son muchos los desafíos para ejecutar la plena implementación de lo pactado, así como la paz total en el país”, añadió el canciller (e).
En este contexto, reafirmó la condena del gobierno colombiano a cualquier acción en contra de la población civil por parte de grupos al margen de la ley, enfatizando en que son estas comunidades las que sufren desproporcionadamente los impactos de la violencia.

En línea con esto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a Colombia a acelerar acciones que beneficien a las comunidades y exhortó al Estado Mayor Central (EMC), disidencia comandada por Iván Mordisco, a cesar la violencia contra la población civil.
Por último, Murillo destacó la importancia de la reciente elección de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, como un paso crucial para avanzar en la lucha contra la impunidad y asegurar el resarcimiento de las víctimas, contribuyendo así al logro de la paz en Colombia.
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