Catherine Juvinao criticó la renuncia de Pablo Barrera a la dirección de Fenoge: “Cositas que quieren tapar”

El corto periodo de Pablo Barrera al frente de la dirección del Fondo de Energías Renovables (Fenoge) generó una ola de controversia en Colombia. Su renuncia, apenas dos semanas después de asumir el cargo, desencadenó críticas y señalamientos, por parte de congresistas como Catherine Juvinao, especialmente por supuestos vínculos con casos de corrupción en el sector energético.

Barrera presentó su renuncia al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, así como a la junta directiva de Fenoge. Su partida llegó poco después de que el medio de comunicación La Silla Vacía revelara una serie de contratos otorgados por el fondo a empresas vinculadas al contratista Euclides Torres, lo que destacó en una controversia que puso en entredicho la transparencia en los procesos de contratación pública en el país.

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La investigación del medio en mención reveló que durante el Gobierno de Gustavo Petro, las empresas vinculadas al clan Torres que habrían recibido contratos por un valor cercano a los 180.000 millones de pesos. Estos convenios, según la investigación, habrían estado marcados por favorecimientos, alertas de sobrecostos e indicios de corrupción, planteando serias interrogantes sobre la integridad de los procesos de contratación en Fenoge.

Una de las voces que se alzó para cuestionar la gestión de Barrera y los presuntos casos de corrupción en Fenoge fue la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde. En un mensaje publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), la representante no dudó en compartir la noticia y expresó su preocupación, al señalar que este caso parecen ser una distracción frente a temas importantes como la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Cositas que quieren tapar con boberías constituyentes y demás 🎈”, publicó Juvinao.

La congresista expresó esto debido a que el presidente Gustavo Petro sugirió la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta propuesta tiene como objetivo principal revisar aspectos específicos de la Constitución Política de 1991 que, según él, aún no se han implementado de manera efectiva. Entre estos aspectos se encuentra la asignación prioritaria de fondos para la educación y la facilitación de una reforma agraria en Colombia. La iniciativa llamó la atención tanto a nivel nacional como internacional.

La propuesta del mandatario no busca su reelección, según sus propias palabras. Detalla que el interés detrás de convocar a la asamblea es realizar un examen minucioso sobre qué elementos de la Constitución actual no se han llevado a la práctica de manera efectiva, especialmente en áreas clave para el desarrollo del país como lo son la educación y la reforma agraria.

Las críticas también alcanzaron al ministro de Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho, por parte de un congresista del partido Centro Democrático. Hernán Cadavid usó la misma red social de Juvinao para arremeter contra el jefe de cartera, al insinuar un presunto acuerdo corrupto entre él y Barrera.

Cadavid mencionó que: “El caso que denunciamos sobre ‘Yo te certifico y tú me nombras’ al interior del ⁦@MinEnergiaCo entre Pablo Barrera y el actual Ministro. El funcionario que estaba al frente de una entidad con 600 mil millones se va del gobierno”.

La salida de Barrera suscitó preocupación debido al estado en que quedan los contratos gestionados durante su breve administración. Tres de los cuatro grandes contratos de Fenoge ya se encuentran en etapa de adjudicación, mientras que el cuarto, valorado en 95.000 millones de pesos para instalar paneles solares en el Caribe, lo que generó incertidumbre después de que el fondo suspendiera el contrato una semana antes de la renuncia de Barrera, de acuerdo con las denuncias del medio mencionado anteriormente.

Sin embargo, el contratista ya ha adquirido derechos jurídicos para ejecutar los recursos, lo que podría resultar en una disputa legal con el Estado si no se llega a una adjudicación definitiva.

El caso de Euclides Torres, el contratista en el centro de la polémica, puso de manifiesto los posibles conflictos de interés en la contratación pública en Colombia. Pues este empresario, que ha mantenido estrechos vínculos con figuras políticas importantes, fue señalado como uno de los beneficiarios de contratos públicos en el país, lo que planteó interrogantes sobre la transparencia y la ética en los procesos de contratación del Estado.