A pesar de los regaños de Petro, inversión presupuestal del Gobierno está en mínimos históricos

Una preocupante baja efectividad en la ejecución presupuestal de Colombia durante el 2023 fue puesta en evidencia tras un informe divulgado por el Ministerio de Hacienda.

El estudio señala que solo el 70,5% del presupuesto destinado a inversiones, es decir, 58,77 billones de los 83,3 billones asignados, fueron efectivamente utilizados para dinamizar la economía del país. Este nivel de ejecución, inferior al esperado, resalta una de las causas pendientes que afectaron negativamente al PIB nacional el año anterior.

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Dentro de las 31 entidades gubernamentales analizadas en el reporte, apenas 11 (representando un 35,48%) lograron superar este promedio del 70,5% en el uso de los fondos destinados para el ciclo fiscal del 2023. Las cifras presentadas revelan una variabilidad considerable en el desempeño de las diferentes dependencias, lo que genera preocupación entre expertos financieros y económicos.

Por un lado, se destaca el bajo rendimiento de entidades importantes como la Presidencia de la República, que solo ejecutó el 6,1% de su presupuesto para inversiones, significando poco más de 140.000 millones de los 2,3 billones asignados.

Situaciones similares se observaron en el Ministerio de Hacienda, con solo un 22,7% de ejecución; Planeación Nacional (26,3%), el Ministerio de Ambiente (33,5%) y el Ministerio de Vivienda (40,9%), que reafirman la crítica situación en cuanto a la gestión del gasto público en áreas clave para el desarrollo nacional.

En contraste, algunas carteras presentaron indicadores positivos, lo que aporta una nota esperanzadora al panorama expuesto. Las carteras de Igualdad y Equidad con un 94,7% de ejecución presupuestaria, seguido por Educación (91,1%), Minas y Energía (84,4%), Inclusión y Reconciliación (83,6%) y Salud (81,8%), además del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición (82,7%), se destacaron por aprovechar de mejor manera los recursos que les fueron asignados para impulsar sus respectivas áreas de influencia durante el pasado año fiscal.

Lo que se sabe

La ejecución del presupuesto gubernamental en Colombia ha suscitado preocupación entre expertos y organismos de seguimiento fiscal, quienes señalan un cumplimiento deficitario en la asignación de recursos económicos al interior de la economía local. A pesar de que la apropiación de recursos alcanzó más del 95%, equivalente a 423,17 billones de pesos, el pago efectivo de obligaciones no superó el 90%, lo que indica una brecha significativa entre los fondos asignados y los realmente desembolsados a la economía.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana resalta este desfase, indicando que, incluso contabilizando el servicio a la deuda, la ejecución apenas alcanzó el 88%, una cifra comparable con la del año anterior.

“La inversión es una tarea pendiente sobre la cual se debe trabajar”, subraya el informe del Observatorio, haciendo énfasis en la importancia de canalizar adecuadamente los recursos hacia sectores clave para el desarrollo y la recuperación económica. La observación apunta hacia una falta de efectividad y rigurosidad en el seguimiento a los planes de inversión contemplados en el presupuesto, lo que resalta la necesidad de una revisión y ajuste en los mecanismos de dispersión y control del gasto público.

A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en el primer semestre del año pasado, estableciendo un marco legal para la ejecución de programas y planes del Gobierno actual, los resultados no han estado a la altura de las expectativas. “El ejecutivo no tiene excusa alguna que justifique la baja ejecución del gasto”, concluyen desde el Observatorio, criticando la aparente falta de seguimiento y cumplimiento de las directrices y objetivos planificados.

La solicitud del Congreso

La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes ha convocado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a un debate de control político para esclarecer la baja ejecución presupuestaria y los problemas surgidos con el Presupuesto General de la Nación, los cuales fueron previamente reportados por Portafolio en febrero. Esta reunión en el Congreso, que ya ha sido postergada en dos ocasiones, es considerada de alta prioridad ante la proximidad del presupuesto del año 2025 y la necesidad de prevenir la repetición de dichas irregularidades.

Durante el encuentro, se espera que Bonilla detalle tanto las causas de la escasa ejecución de los fondos como los conflictos encontrados en la gestación del presupuesto nacional. Dicha situación ha llamado la atención, especialmente después de que Portafolio revelara los contratiempos al inicio del año, poniendo en evidencia la importancia de una gestión fiscal transparente y eficaz.

La baja ejecución presupuestal y los problemas asociados al Presupuesto General de la Nación han generado preocupación dentro de la Comisión Cuarta, la cual es responsable de la supervisión fiscal y económica. Por ello, esta convocatoria a Bonilla no solo busca respuestas, sino también compromisos concretos para la mejora en la gestión de los recursos públicos. La sesión es considerada un paso clave en el camino hacia una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de las finanzas del país.

Esta diversidad en la eficacia del uso de los fondos estatales pone en evidencia las discrepancias y retos a los que se enfrenta el Gobierno en términos de administración fiscal y de priorización de proyectos que verdaderamente contribuyan al desarrollo económico y social del país. La delicadeza de este asunto resalta la importancia de adoptar medidas correctivas y de optimización para asegurar que los recursos públicos sean destinados de manera efectiva y eficiente, maximizando su impacto positivo en la comunidad y en la economía en general.