Congresistas del Pacto Histórico y del Partido de La U irán a Barranquilla a investigar la campaña del presidente Petro

Una delegación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, integrada por los congresistas Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, se trasladará a la ciudad de Barranquilla para profundizar en las indagaciones relacionadas con la posible financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El equipo tiene como objetivo principal examinar las pruebas que apuntan hacia ingresos atípicos en el financiamiento de la campaña, un tema que ha ganado notoriedad tras las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente.

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En este proceso de investigación, la comitiva legislativa se enfocará en la recolección de testimonios y la verificación de eventos mencionados por colaboradores cercanos a la campaña presidencial, quienes habrían expuesto irregularidades en la gestión de determinadas contribuciones económicas.

Estas irregularidades se destacan por la presunta omisión en el reporte completo de contribuciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), sugiriendo la implicación de fuentes de financiamiento que podrían generar ilegalidad. Además, se encuentra pendiente la declaración de Nicolás Petro respecto a este asunto, quien ha solicitado un aplazamiento de su testimonio a la espera de una validación legal sobre la credibilidad de las informaciones suministradas previamente a la entidad fiscalizadora.

Según las alegaciones, una parte importante de los fondos cuestionados habría sido destinada para cubrir actividades logísticas en Barranquilla, y se señala una posible vinculación con Euclides Torres, empresario reconocido y miembro del clan Torres.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa adelante con sus investigaciones contra Nicolás Petro, y el CNE se prepara para exponer un conjunto de acusaciones relacionadas directamente con la campaña del actual mandatario, lo que podría intensificar las indagaciones sobre la integridad financiera y la transparencia en el trayecto hacia la presidencia de Gustavo Petro.

El presidente de Ecopetrol busca reprogramar su comparecencia sobre las acusaciones de financiamiento irregular en la histórica campaña de Gustavo Petro

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, ha solicitado un aplazamiento de la audiencia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), inicialmente prevista para el 26 de febrero de 2024.

Esta audiencia es parte de una indagación preliminar relacionada con acusaciones de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Roa argumentó compromisos inaplazables como líder de la empresa petrolera, impidiéndole asistir a la comparecencia en la fecha programada.

“En virtud del derecho fundamental de defensa y contradicción reconocido en el artículo 29 de la Carta, respetuosamente solicito el aplazamiento de la audiencia de versión libre programada por sus despachos para el día 26 de febrero del presente año”, sostiene el documento.

La solicitud de postergación de Roa se hizo a través de una misiva enviada por su abogado defensor, Germán Palacio, donde invoca derechos fundamentales de defensa para pedir la reprogramación de su versión libre ante el CNE. La investigación del CNE se centra en posibles violaciones a los límites de financiamiento electoral durante la campaña de la Coalición Pacto Histórico. Nicolás Petro, hijo del presidente, y las declaraciones ante la Fiscalía sobre fondos provenientes de figuras asociadas al narcotráfico son clave en este escándalo.

Roa Barragán también es objeto de una indagación por parte de la Procuraduría por supuestas irregularidades como gerente de la mencionada campaña.

La controversia abarca, entre otros, requerimientos del CNE sobre documentación de viajes realizados por la empresa Sadi Real Estate, conectada con Carlos Eduardo Restrepo Osorio, y datos de facturación electrónica solicitados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

En su defensa, Roa negó recibir fondos de Fecode y contradijo afirmaciones sobre 15.000 millones de pesos atribuidos a Armando Benedetti, apuntando a financiamientos legales como créditos bancarios y de cooperativas. En entrevista para El Tiempo, precisó las discrepancias en las acusaciones de financiamiento y sus gestiones para asegurar recursos legítimos para la campaña.