Mínimo vital de servicios públicos que propone el Gobierno podría quebrar a las empresas prestadoras, asegura el gremio

El Gobierno de Gustavo Petro avanza en sus planes para establecer un mínimo vital en servicios públicos, incluyendo el internet fijo domiciliario. Este proyecto, revelado en un borrador al que tuvo acceso Portafolio, busca asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad no queden desconectadas de servicios esenciales, como la electricidad, el gas y el agua, por dificultades financieras.

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Según se detalla en el documento, específicamente en su artículo 60, la propuesta legislativa introduce un “subsidio especial del mínimo vital”, cuyo objetivo es prevenir la interrupción total de servicios cruciales para la población vulnerable.

El borrador propone también una modificación a la ley 1341 de 2009 para extender esta protección al servicio de internet fijo domiciliario, reconociendo la importancia de este servicio en la era digital actual. La iniciativa legislativa sugiere que, ante la incapacidad de pago de los usuarios en situación de vulnerabilidad, no se les interrumpa completamente el acceso a internet.

Sin embargo, esta propuesta ha suscitado preocupaciones dentro del sector de servicios públicos, donde algunos advierten sobre los posibles riesgos financieros que esta medida podría representar para las compañías proveedoras. El temor radica en el impacto que el subsidio podría tener sobre la sostenibilidad económica de estas empresas, esenciales para la infraestructura del país.

“El subsidio especial del mínimo vital tiene como finalidad asegurar que a la población en condición de vulnerabilidad socioeconómica no le sea interrumpido en su totalidad el suministro del servicio público domiciliario de energía eléctrica, gas combustible o acueducto”, se lee en el borrador.

Según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, la iniciativa busca que los concejos municipales creen “fondos de solidaridad y redistribución de ingresos”, una medida que generaría recursos adicionales para subsidiar a los usuarios de los estratos 1 y 2. Sin embargo, Sánchez advierte que “no se establece con claridad cuáles serán las fuentes de financiamiento que permitan ejecutar esta medida”, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de esta propuesta.

Bajo el modelo actual, se cobra una sobretasa a los usuarios de servicios públicos de los estratos 5 y 6, que luego se destina a proporcionar subsidios a los hogares de estratos inferiores, específicamente 1, 2 y 3. “El Gobierno debe destinar recursos desde el Presupuesto General de la Nación cada año”, recuerda Sánchez, destacando que el modelo de subsidios cruzados por sí solo no ha sido suficiente para cubrir la totalidad de los subsidios parciales otorgados.

La propuesta también contempla que “el Gobierno nacional directamente o a través de las Comisiones de Regulación podrá establecer como componente tarifario factores solidarios y redistributivos”, enfocándose en el pago de subsidios para el mínimo vital o en financiar programas de servicio universal.

Además el proyecto busca garantizar el acceso a servicios básicos como electricidad, gas bajo la modalidad de mínimo vital, esbozando una estructura financiera y operativa que despierta tanto interés como preocupación en diferentes sectores. La iniciativa, que se apoya en el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos de la Nación, asignaría recursos específicos del Ministerio de Minas y Energía para electricidad y gas, mientras que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones comprometería hasta un 2% de la contraprestación periódica que reciben de los proveedores por la oferta de servicios de telecomunicaciones.

El borrador del proyecto establece que, después de seis meses de la promulgación de la ley, tanto el Gobierno como las comisiones reguladoras deberán implementar las reglamentaciones necesarias para la aplicación de estas medidas. Sin embargo, se destaca la ausencia de una estimación concreta sobre los costos que implicará esta implementación, y no se delinean fuentes de financiamiento alternativas para sostener la iniciativa.

Además del enfoque en servicios básicos, la propuesta abarca un espectro mucho más amplio, al incluir el acceso libre a internet para fines sociales. Se plantea que la Agencia Nacional del Espectro defina una banda de frecuencia específica que permita el despliegue de sistemas inalámbricos para ofrecer internet gratuito en espacios públicos. Esta iniciativa, sujeta a la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, complementaría los esfuerzos por garantizar mínimos vitales en servicios esenciales, extendiendo el concepto de estos a la conectividad digital.

La definición de qué comprende exactamente un servicio de mínimo vital se basaría en parámetros gubernamentales, que apuntan a cubrir “el consumo indispensable necesario para satisfacer las necesidades esenciales y asegurar la subsistencia en condiciones de vida digna”.

La duración del subsidio por mínimo vital se describe como temporal, supeditada a las circunstancias que motivaron su implementación. En un principio, se habla de un periodo de cuatro meses de facturación que podría extenderse si las condiciones así lo justifican.

El debate en torno a esta propuesta probablemente enfatizará la necesidad de un balance prudente entre la ampliación de los derechos sociales y la viabilidad económica de las medidas a adoptar. Dado el contexto de restricción fiscal y la urgencia de estimular la recuperación económica, el diálogo entre los diversos actores —sector público, privado y sociedad civil— será crucial para determinar el futuro del proyecto.