La Procuraduría General de la Nación respondió a la tutela presentada por la defensa de Álvaro Leyva que busca tumbar la suspensión de tres meses, por considerar que se habían vulnerado del canciller.
Uno de los principales argumentos del Ministerio Público se centra en que la tutela radicada ante el despacho del magistrado Jaime Chavarro Mahecha es improcedente.
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Además, alega que la suspensión impuesta a Leyva es una medida cautelar y no definitiva. Así las cosas, el excanciller tendría cómo defenderse, por lo que no se estaría vulnerando el derecho al debido proceso.
“La suspensión provisional dentro del proceso disciplinario no desconoce el derecho al debido proceso, por cuanto la misma es una medida de prevención disciplinaria que no define la responsabilidad del servidor público”, señala el documento de la Procuraduría.
Agrega que, “tal y como fue señalado en el informe del procurador delegado de la sala disciplinaria de instrucción “(…) en el curso del proceso disciplinario, sea en la etapa instructiva o de juicio, es posible desvirtuar el hecho jurídicamente relevante que motiva la adopción de la medida, y, no atenta contra la presunción de inocencia”.
La jugada con la que Álvaro Leyva busca revocar su suspensión
La defensa del suspendido canciller Álvaro Leyva radicó el 13 de febrero, una tutela solicitando que se levante los efectos de la decisión del ente de control disciplinario.
“En consecuencia, solicito se deje sin efecto el numeral segundo del Auto proferido por la Sala Disciplinaria de Instrucción que dispuso la suspensión provisional del disciplinado. Decisión que fue confirmada por la señora Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco, mediante auto del 7 de febrero de 2024″, se lee en la tutela.
La defensa también argumentó que la suspensión, “no se adecúa a las exigencias legales ni a los estándares definidos por la jurisprudencia constitucional” y que se le están violando el derecho al debido proceso y las garantías procesales a Leyva:
“Desde antes de su radicación, los argumentos que pudieran ser planteados carecían de interés y relevancia para la Procuraduría General, quien ya había sentado la posición sobre el asunto. Situación que, a todas luces, transgrede las garantías básicas de un proceso disciplinario, especialmente en los casos en los que se impone la medida de la suspensión provisional”.
Yefferson Dueñas Gómez, que ejerce como abogado de Leyva interpuso el recurso legal ante el Tribunal Superior de Cundinamarca dos días antes de que iniciara el juicio disciplinario en contra el funcionario.
El fallido juicio disciplinario contra Leyva
Para el 15 de febrero de 2024, se tenía previsto el juicio disciplinario en contra de Álvaro Leyva por declarar desierta la licitación de pasaportes sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal; y por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que existieran causales para ello.
Sin embargo, la diligencia no avanzó mucho y terminó suspendida debido a que el abogado del canciller presentara una recusación contra Ernesto Espinosa, el procurador encargado del caso de la licitación de los pasaportes, por una supuesta enemistad grave de ese funcionario judicial con el Gobierno nacional.
Aunque la Procuraduría General de la Nación rechazó esa recusación, el juicio disciplinario no se podrá llevar a cabo hasta que la procuradora Margarita Cabello resuelva el recurso. “No puedo aceptar que se me señale como activista político (…) no conozco ni he tenido trato de ninguna índole con el disciplinado”, señaló el procurador Espinoza.
El 7 de febrero de 2024, la Procuraduría anunció, luego de que Leyva siguiera ejerciendo sus funciones y firmando decretos pese a estar suspendido, que le abrirá una nueva investigación por un presunto desacato y compulsó copias a la Fiscalía, por el mismo hecho.
“El Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata”, anunció la Procuraduría.
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