Varios sectores de la construcción han manifestado su profunda preocupación por el decreto de liquidación presupuestal del presente año.
Por ejemplo, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) señaló que “los errores en el decreto de liquidación del presupuesto asignado al sector transporte están poniendo en riesgo proyectos estratégicos para la Nación”, de acuerdo con una publicación de la emisora colombiana W Radio.
El gremio detalló que del presupuesto general de la Nación, que asciende a $502 billones, $16,7 billones corresponden al sector transporte, de los cuales $13,6 billones fueron destinados a inversiones en proyectos de concesiones y obras públicas.
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Se señaló con inquietud que “en el decreto de liquidación del presupuesto del año 2024, el Gobierno Nacional omite la desagregación de $12,5 billones de pesos destinados a asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invı́as y de la ANI, lo cual paraliza el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo”.
Los constructores manifestaron sorpresa ante las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien indicó que “el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos”.
La falta de expedición del decreto de liquidación ha generado parálisis en varios programas del Instituto Nacional de Vías, como el mantenimiento rutinario de vías nacionales no concesionadas, dejando sin empleo a 2.600 microempresarios.
Además, la imposibilidad del Invı́as para expedir los registros presupuestales del año 2024 ha llevado a la suspensión de obras, como las intervenciones realizadas en enero de este año, lo que podría afectar importantes corredores viales como el túnel de La Línea.
Primera línea del metro de Bogotá y otros 57 proyectos que están en vilo
Lo anterior, afecta 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros proyectos.
Adicionalmente, la no expedición del decreto de liquidación también pone en jaque la marcha del programa del Gobierno nacional, denominado ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, durante el 2024.
Los empleos también están en riesgo ya: la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1.000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invías, que no están vinculados desde diciembre de 2023.
Preocupa a la CCI, finalmente, que los rigurosos procesos de interventoría de los proyectos se degraden o se desnaturalicen, mediante la utilización de herramientas, como sobrevuelos costosos e informales de los funcionarios, centrados en simples vistas o exámenes aéreos, que excluyen los procesos de cimentación de las obras.
A la luz de todo lo anterior, queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurídica, se verían seriamente lesionadas.
Esta circunstancia podría, no solo poner un freno de mano al propósito inaplazable de la reactivación económica, sino también a la continuidad y avance de un modelo —el de las APP— que, durante los últimos 30 años, permitió para bien superar un rezago de 100 años en materia de infraestructura de transporte.
La CCI ha mantenido un diálogo constructivo y fluido con el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petra, en su intervención en el marco del XX Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, en noviembre del año pasado, afirmó que los contratos de concesión se respetarán.
Si bien, en lo que tiene que ver con los pagos de vigencias futuras, durante los años 2022 y 2023, estos fueron honrados por el Gobierno nacional, de otra parte, en lo atinente a los peajes aún queda un ajuste pendiente, que se debe dar a más tardar el 1º de julio de 2024. La CCI confía en que dicho compromiso se cumpla.
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