Secretariado de las Farc le puso quejas a Petro de la JEP: “Nos preocupa el empeño por alejarse de lo acordado”

La misiva fue firmada por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Julián Gallo, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra, quienes lideraron las negociaciones de La Habana por parte de la guerrilla. En el texto aseguran que la JEP se ha excedido en el número de macro casos, se acerca al ‘punitivismo’ y el Estado no ha reconocido responsabilidades.

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“A pesar de nuestro cumplimiento con relación a la jurisdicción nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del Acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo un terreno judicial punitivista, más propio de un sometimiento a la justicia”, señalaron.

En la carta le solicitaron una reunión al presidente Petro para exponerle sus preocupaciones respecto al funcionamiento del tribunal especial, debido a que argumentan que es una obligación del Estado cumplir su compromiso firmado ante instancias internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, así como porque pone en riesgo los proceso de paz que se adelantan actualmente.

Los firmantes expusieron que la JEP podría incumplir el principio de legalidad porque los comparecientes podrían ser condenados varias veces en los casos abiertos. Además, señalan que por el número de investigaciones, 11 en total, no alcanzaría el tiempo de existencia del tribunal.

“La ley Estatutaria de la JEP es clara al señalar que debe haber una resolución única de conclusiones, sin embargo, debido a la apertura interminable de macro casos, vemos con preocupación, que se abre paso la idea de dictar resoluciones por cada macro caso, tal como lo señalara recientemente la sentencia TP-SA1580 de 2023, lo que vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes”, señalaron.

En el mismo sentido alertan por la vinculación de ex mandos medios y bajos a indagaciones sobre lo que consideran hechos específicos del conflicto, debido a que el propósito de la JEP es investigar las conductas macro criminales. Advierten que esa situación genera inseguridad jurídica y aumento de disidentes.

“Lo cual es contrario a la idea de centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del DIH y los Derechos Humanos, lo que ha disparado las alarmas frente a la seguridad jurídica del conjunto de firmantes del Acuerdo, provocando desconfianza en los mismos, lo que se traduce en la decisión de apartarse de los compromisos del Acuerdo, tal como lo evidencian las cifras actuales de la Agencia para la Reincorporación que indican un incremento de firmantes que están regresando a las armas”, dice la carta.

Los miembros del antiguo secretariado y la mesa de negociaciones señalaron que los comparecientes están siendo expulsados unilateralmente por la JEP, debido a una sentencia interpretativa (Senit 4), en la que se estableció que el juez podía expulsar a una persona del tribunal de manera expedita. Para los firmantes, se trata de una falta al debido proceso porque no permite controvertir las pruebas.

“A la fecha, bajo esta serie de errores e incumplimientos graves de un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas. Este tipo de accionar de la Jurisdicción afecta y pone en riesgo el AFP, así como el logro y éxito de procesos de paz en curso, pues, es evidente la restrictividad con la que ha venido funcionando el sistema lo que genera falta de confianza y un alto grado de incredulidad, además de ser violatorio del principio consagrado en el DIH que obliga a los estados, al final de las hostilidades, otorgar la amnistía más amplia posible”, escribieron.

En la misiva califican de “4 años perdidos” el periodo de gobierno de Iván Duque para avanzar en la implementación del acuerdo. Además reiteran la falta de garantías para la vida de los firmantes por parte de la Unidad de Investigación de la Fiscalía que ha tenido pocos avances en los atentados, amenazas, desplazamientos y asesinatos de 418 comparecientes.

“Pese a esas dificultades, los integrantes del antiguo Secretariado, del Estado Mayor Central de las extintas FARC-EP y demás comparecientes de estas, hemos estado cumpliendo a cabalidad los compromisos pactados ante la Jurisdicción Especial para la Paz; a tal punto que somos el único actor que ha asumido su responsabilidad de manera colectiva a diferencia del Estado”, señalaron los firmantes.