Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, son acusados por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular, tras presuntamente haber recibido dinero de la multinacional brasilera Odebrecht para la campaña presidencial de 2014.
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El que sí se presentó fue el representante del Consejo Nacional Electoral (CNE), que solicitó ser declarado como víctima dentro del proceso. Según argumentó, tanto el excandidato presidencial como su hijo rindieron declaraciones ante el CNE, pero omitieron información sobre los aportes de la multinacional.
Al hacer eso, presuntamente indujeron al error a los magistrados, quienes cerraron una investigación administrativa que realizaban en ese entonces por financiación extranjera. Meses más tarde se destaparía el escándalo de los millonarios sobornos de Odebrecht en varios países de América Latina.
Por su parte, la defensa de los acusados pidió la palabra para declarar que la juez no es competente para llevar el proceso. Tal petición fue apoyada por la Procuraduría, bajo el argumento de que los jueces especializados no cuentan con la competencia para juzgar delitos como falsedad en documento privado o fraude procesal, debido a que por ley corresponden a jueces del circuito.
Frente al delito de enriquecimiento ilícito de particular, el procurador delegado señaló que ese cargo se habría originado por cuenta de corrupción dentro del campo privado y por fuera de la esfera pública, por lo cual tampoco sería de la competencia de la jueza especializada.
Entre tanto, la Fiscalía señaló que podría existir un conflicto de intereses con el abogado de los Zuluaga, pues el padre es señalado de haber instrumentalizado a su hijo y ambos tienen el mismo representante legal. “Los procesados tendrían intereses encontrados frente a la responsabilidad de uno y del otro”, argumentó el fiscal Juan Martín Parada, encargado del caso.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga sabía que en 2014 la multinacional brasilera destinó 1,6 millones de dólares para pagar los honorarios del publicista Eduardo Duda Mendonça, a pesar de que tal suma no fue registrada en los gastos de campaña. El ente acusador sostiene que Zuluaga sabía de la ilegalidad de esos hechos debido a su preparación académica y el momento que se vivía. Así obtuvo la reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que el excandidato presidencial vulneró el artículo 109 de la Constitución Política, que prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir recursos de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales. Añadió que la campaña presidencial de Zuluaga obtuvo un incremento patrimonial injustificado.
Sobre el mediodía, la audiencia fue suspendida para el martes 6 de febrero. Ese día la jueza dará su veredicto sobre si es competente o no para llevar el caso.
Todo el problema en el que está metido Óscar Iván Zuluaga se originó en las declaraciones que Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías, le entregó a la Fiscalía.
El exfuncionario estaba siendo investigado por recibir $360 millones de pagos de Odebrecht a través de dos contratos ficticios con la firma Consultores Unidos S.A.S, pero en abril de 2023 fue precluido por el juzgado 21 de Conocimiento de Bogotá debido a que se le vencieron los cargos.
Arizabaleta había logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía al revelar unos audios que hoy tienen contra las cuerdas a Óscar Iván Zuluaga. En las grabaciones se escucha al exaspirante presidencial admitir que recibió fondos de una empresa internacional, utilizados para financiar los servicios del publicista Duda Mendonça, figura crucial en la campaña del candidato del Centro Democrático, quien fue derrotado en segunda vuelta por Juan Manuel Santos.
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