
Según denuncias del representante a la Cámara, Andrés Forero, en plena alerta por la nueva variante JN.1 de covid-19, el Ministerio de Salud permitió que más de un millón de vacunas pediátricas contra el virus expiraran. Está pérdida de vacunas implicaría un detrimento patrimonial de alrededor de 70.000 millones de pesos.
Dicha información, en la que se indica que al parecer hubo posibles omisiones en la gestión de vacunas por parte de las autoridades de salud actuales y pasadas, se basa en documentos obtenidos por Forero a través de resoluciones y derechos de petición.
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El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero, obtuvo evidencia de la pérdida de las vacunas a través de varios métodos, incluyendo derechos de petición dirigidos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y al mencionado ministerio.
“El grueso de las vacunas, 988.000 vacunas, llegan a los almacenes del Ministerio el 4 de abril (2023), el remanente, que son unas 213.000 vacunas, llegan un mes después, llegan al Ministerio el 9 de mayo”, indicó el congresista a Noticias Caracol.
Y agregó que “Si esas vacunas habían llegado desde abril la mayor parte y desde mayo, ya había una autorización de parte del Invima del 19 de enero de 2023 para que se pudieran aplicar a niños mayores de 6 meses, no se entiende por qué el Ministerio las tuvo en esos almacenes durante tres meses y medio”.
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El parlamentario acusa al Gobierno anterior de firmar un contrato para la adquisición de vacunas y culpa al actual gobierno de retrasar la entrega de estas por “razones ideológicas”, lo que provocó su vencimiento cercano tras su llegada al país. Las vacunas, específicamente de la farmacéutica Moderna, habrían estado almacenadas por más de tres meses por el Ministerio antes de su distribución, que considera fue tardía e insuficiente.

La gestión de las vacunas resultó en que estas llegaran a distintas regiones como Bogotá, Bucaramanga y Antioquia justo antes del vencimiento, limitando así su aplicación. Forero criticó también la falta de una campaña efectiva que promoviera la vacunación infantil y la tardanza en solicitar nuevos lotes de vacunas.
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“Se perdieron tres meses y medio muy valiosos porque ya se sabía que tenían una fecha de vencimiento a la vista y eso aparentemente no le importó al Ministerio que tampoco hizo campañas de vacunación ni campañas de concientización sobre la importancia de que los padres de familia vacunaran a los niños”, explicó el representante Forero.
Según él, el costo de las dosis no aplicadas asciende a 18 millones de dólares (unos $70.000 millones), teniendo en cuenta que cada dosis tiene un precio de 16,75 dólares y que solo se aplicaron 121.484 de las 1.201.900 vacunas recibidas.

En junio la procuradora Margarita Cabello había expresado su preocupación por una posible escasez de vacunas en Colombia, apuntando a una falta de claridad sobre futuras adquisiciones de vacunas para el Covid-19, incluyendo las bivalentes de ARNm. Estas declaraciones resaltaron la importancia de una gestión eficiente de los recursos de salud pública en medio de la pandemia.
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Sin embargo, la polémica no termina allí ya que el representante a la cámara también indicó que existe el riesgo de que esta misma situación se presente con las vacunas ambivalentes contra el Covid-19.
“Corremos el riesgo que con otras vacunas que son las vacunas bivalentes pueda pasar algo similar porque el Ministerio también las recibió tarde por cuenta de razones ideológicas del Ministerio, las recibe a finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre y a pesar de que las recibe en esa fecha las empieza a repartir a los entes territoriales a partir del mes de diciembre y se vencían en el frasco a partir del 16 de diciembre algunos de esos lotes”, enfatizó el congresista.
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El Ministerio de Salud aún no se pronuncia ante esta denuncia. Por su parte el congresista Andrés Forero indicó que se está preparando una moción de censura en contra del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en la Cámara de Representantes.
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