
Al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales el Gobierno nacional le retiró las condecoraciones y demás reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera militar. La razón fue la participación de Arias en desapariciones de civiles durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
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Arias Cabrales comandó la Brigada XIII del Ejército y estuvo a cargo de las operaciones militares para recuperar el control del Palacio. Las acciones resultaron en la muerte de guerrilleros, empleados del palacio, visitantes y más de la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El violento hecho dejó decenas de muertos y varios desaparecidos.
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Mientras se ha creado un debate alrededor del exmilitar, se reaviva la polémica que ocurrió a finales del año pasado cuando el Gobierno de Estados Unidos le retiró las visas a Arias, su esposa e hijos, por los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.
De acuerdo con la declaración del portavoz norteamericano, Matthew Miller, la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la lucha contra la impunidad y su enfoque en la justicia reparadora es de vital importancia para la búsqueda de la paz, por lo que subrayó el apoyo de Norteamérica al proceso colombiano:
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“Estados Unidos designa al ex general colombiano, Jesús Armando Arias Cabrales, debido a su participación en una violación grave de derechos humanos durante la operación de retoma del Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985. Como resultado de la medida dispuesta hoy, Arias Cabrales, su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza no son elegibles para ingresar a Estados Unidos”.
El general en retiro Arias es concretamente acusado de las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis e Irma Franco, aunque inicialmente fue acusado por otros seis desaparecidos más. El exmilitar comenzó su proceso judicial en el 2010, sin embargo en 2014 se le concedió el beneficio de casa por cárcel debido a su estado de salud y edad avanzada.
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En el 2020 fue aceptado su metimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como agente del Estado, obtuvo el beneficio de libertad condicional, una situación bastante discutida por las víctimas. Finalmente en el 2023 el Tribunal de Paz decidió excluir a Arias por ‘no aportar verdad plena, exhaustiva y detallada’.
“Arias Cabrales no suministró información que permitiera establecer el paradero de sus víctimas, ni los restos de aquellas que han sido entregadas por las autoridades de manera parcial a sus familiares. Adicionalmente, no profundizó en las circunstancias en las que se dio la vulneración de los derechos humanos por las acciones de los miembros de la fuerza pública que comandó en la operación de retoma del Palacio de Justicia”, emitió la JEP en un comunicado tras anunciar la expulsión del exgeneral.
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Vale recordar que en una entrevista con Semana el general retirado se expresó sobre su situación legal y se comparó irónicamente con ex miembros del M-19 que ahora se desempeñan en la política. Arias Cabrales, de 86 años, insistió en su inocencia y atribuyó su situación a la incapacidad técnica de la época para identificar víctimas del incendio desatado durante el asalto, alegando que se ha convertido en un “chivo expiatorio”. También señaló que investigaciones recientes han encontrado a algunas de las personas que inicialmente se reportaron como desaparecidas.
El excomandante del Ejército también explicó, según su perspectiva, el contexto del asalto al Palacio de Justicia y la decisión del entonces presidente Belisario Betancur de usar la fuerza pública para el rescate.
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Al exgeneral del Ejército le retiraron la “medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño; Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, y la cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico”, todo en el marco del decreto 1070 de 2015.
El retiro de distinciones al general retirado Arias Cabrales se dio tras la solicitud presentada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, encontrado fallecido en el Palacio de Justicia tras la intervención milita.
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