Beisbolistas cubanos exiliados protestaron porque Petro no apoyó torneo en Colombia, pero sí a la dictadura

La Serie Intercontinental de Béisbol, prevista para realizarse a fines de enero en Barranquilla, fue cancelada el martes por la noche. El equipo cubano Fepcube, conformado por peloteros, incluidos varios de las Grandes Ligas, que residen mayormente en Estados Unidos, estaba entre los participantes.

El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido no otorgar el aval ni los recursos necesarios para la organización del evento. Esta decisión del Gobierno ha generado una controversia que se ha podido meter en temas políticos y que ha varias personas no les gusta.

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Los organizadores del torneo han expresado su descontento, apuntando que el Ministerio del Deporte de Colombia justificó no apoyar el campeonato con el argumento de uso no autorizado de los símbolos patrios de Cuba por parte de Fepcube.

El equipo, que cuenta con la presencia de reconocidos jugadores, como Yuli y Lourdes Gurriel, Aroldis Chapman, Yandy Díaz y Jorge Soler, ha criticado la medida como una afrenta a los valores democráticos y de la libertad, acusando tanto al gobierno cubano como al colombiano de impedir su participación por razones políticas.

Fepcube lamentó que su cancelación se debiera al objetivo de evitar su presencia en la Serie Intercontinental. En su comunicado, mencionan que la injerencia fue tan extrema que, incluso, les fue prohibido usar el lema “Patria y Vida” en sus uniformes, alegando supuesta incitación a la violencia.

Este acto ha sido interpretado por el grupo como un sabotaje directo a su intento por representar a una Cuba libre y han llamado a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de esta decisión. El equipo ha mostrado su gratitud hacia los seguidores colombianos y ha reafirmado su unidad y compromiso de seguir adelante.

Juegos Panamericanos se perdieron desde 2022 por “guerra política” entre Gobierno y Comité Olímpico Colombiano

La exministra del Deporte de Colombia, María Isabel Urrutia, enfrenta críticas por su papel en la organización de los Juegos Panamericanos 2027, que iban a realizarse en Barranquilla. Acusaciones de trabas gubernamentales y disputas con el Comité Olímpico Colombiano (COC) sugieren un conflicto que contribuyó a la pérdida de la sede del evento deportivo.

La atención se centra en una rueda de prensa que tuvo lugar el 20 de octubre de 2022, donde Urrutia nombró a Rodolfo Bossa Castillo como gerente de los juegos, desatando la polémica por no considerar al COC en dicho nombramiento.

En detalle, las tensiones se hicieron evidentes cuando Helmut Bellingrodt, miembro del COC y doble medallista olímpico, intervino en la mencionada conferencia para expresar su descontento con la gestión de Urrutia. Bellingrodt enfatizó que el COC, y no otras entidades gubernamentales, es el responsable de la organización de los juegos y señaló la falta de coordinación con Panam Sports.

Asimismo, se mencionó que proyectos y reuniones llevados a cabo por más de un año con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, no fueron tenidos en cuenta en las decisiones gubernamentales. Este conflicto culminó en el retiro de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027 y ha generado un amplio debate público sobre la gestión deportiva en el país.

La situación se complica al considerar que el nombramiento de Bossa ha sido vinculado a intereses políticos relacionados con el Gobierno de Gustavo Petro. El periodista Alejandro Pino Calad, editor de Publímetro, describió la situación como una “guerra política” en la que se sospecha que el gobierno buscaba influir en el comité organizador mediante personajes allegados a su proyecto político, lo que habría llevado a desavenencias con figuras respetadas del deporte colombiano.

El desenlace de este conflicto y las repercusiones que tendrá en el Ministerio del Deporte y en el Comité Olímpico Colombiano siguen siendo motivo de discusión. Con el 30% del Senado pidiendo la salida de Urrutia del cargo a través de una moción de censura, el panorama político y deportivo en Colombia refleja una turbulencia que podría afectar a futuras candidaturas del país para albergar eventos internacionales de gran envergadura.