Niegan tutela que buscaba tumbar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional

En firme quedó la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, el cual fue elegido en reemplazo de Alejandro Linares.

Lo anterior, luego de que el Consejo de Estado no admitiera una tutela que buscaba tumbar su elección.

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La tutela fue interpuesta por los abogados Juan Sebastián Ceballos Bedoya, Esteban Hoyos Ceballos y María Carolina Olarte Olarte, que argumentaron que, en la terna presentada ante el presidente Gustavo Petro y conformada por la exdirectora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, se presentaron irregularidades en el proceso de elección del nuevo magistrado.

De acuerdo con los demandantes, se les negó la posibilidad de participar activamente en el proceso de selección, vulnerando su derecho político fundamental a “conformar, ejercer y controlar el poder político”.

“(...) el presidente de la República vulneró nuestros derechos políticos fundamentales a conformar, ejercer y controlar el poder político, reconocidos y desarrollados en los artículos 1, 2, 40, 85, 93 y 126 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 25 literal c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el artículo 23 numeral 1 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley 1904 de 2018″, se lee en la tutela.

Por ello, presentaron el recurso legal ante el Consejo de Estado, esperando que el alto tribunal invalidara la terna y ordenara al presidente realizar una convocatoria pública acorde con los principios constitucionales que alegaron.

“Los magistrados de la Corte Constitucional son servidores públicos elegidos por una corporación pública (el Senado de la República), con base en un acto preparatorio de esa elección, como es la conformación de la terna por parte –en este caso— del presidente de la República. Con fundamento en el artículo 126 inciso 4 de la Carta, la elección debía estar antecedida de una convocatoria pública conforme a los principios constitucionales mencionados, y esa convocatoria tenía que hacerse precisamente para elaborar la terna a cargo del presidente de la República”, enfatizaron los demandantes.

Sin embargo, su recurso no fue admitido, pues para el Consejo de Estado estos cuentan con otro medio de defensa judicial para controvertir la elección del nuevo magistrado. En este caso, un control de nulidad electoral.

Así lo confirmó la Sección Primera del alto tribunal, en cabeza del magistrado Germán Osorio:

“Esta Sección estima que se ha configurado la figura jurídica de la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en tanto que ha desaparecido el hecho constitutivo de la amenaza a los derechos fundamentales de los accionantes y, en ese sentido, no se pueden emitir las medidas solicitadas y tampoco se puede revertir dicha situación”, se lee en la sentencia.

Vladimir Fernández fue elegido por el Senado de la República como nuevo magistrado de la Corte Constitucional el 17 de octubre de 2023. El togado obtuvo 88 votos de 99.

Es cercano a Gustavo Petro, al menos desde que hizo parte de su equipo de empalme en 2011, cuando el hoy Presidente ganó la Alcaldía de Bogotá. En 2015, tras ganar un concurso público, llegó a la Procuraduría General de la Nación, en donde se desempeñó como delegado ante el Consejo de Estado y ejerció como secretario jurídico de la Presidencia, antes de ser nombrado magistrado.

Es abogado de la Universidad Externado y es especialista en Derecho Administrativo, Fue docente en la Universidad Externado, el Politécnico Grancolombiano, la Universidad Manuela Beltrán, la Universidad de la Amazonía, la Universidad Antonio Nariño (sede Neiva).

Ha sido asesor de varias entidades estatales en Huila, fue jefe jurídico del Instituto Nacional de Vías (Invías) durante el inicio del Gobierno de Álvaro Uribe y ha sido litigante ante el Consejo de Estado.

Otras entidades públicas por las que ha pasado han sido la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Boyacá, Cormagdalena (Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena), la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación.