“Comprando” secuestrados de otros grupos criminales: así estaría financiándose el ELN

Al cierre del quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se acordó que la guerrilla dejaría de ejecutar secuestros con fines extorsivos a partir del 30 de enero de 2024. Esto, con la condición de que se garantice que el grupo armado podrá financiarse para mantener a los “combatientes”.

“No justifico, sino que reclamo justicia, más equilibrio para las dos partes en la Mesa. Si el Gobierno colombiano está recibiendo financiamiento internacional para el proceso de paz, igual debería hacerse con el ELN”, explicó el comandante del grupo guerrillero, alias Antonio García, en una columna.

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A pesar de que todavía no se ha hecho efectivo el cese de los secuestros en Colombia por parte del ELN, se conoce ahora otra modalidad de este delito a manera de “financiamiento”, la cual se estaría implementando por medio de intermediarios criminales. Al parecer, el grupo guerrillero estaría “comprando” secuestrados para después pedir dinero por su liberación.

“Últimamente, sí se ha visto que están tercerizando algunas actividades, en especial en el secuestro. Tenemos conocimiento que, por ejemplo, en el Cesar y La Guajira están cometiendo algunos secuestros que los harían o los tercerizan a través de delincuencia común”, explicó el fiscal delegado contra las organizaciones criminales, Carlos Roberto Izquierdo, a Noticias Caracol.

El panorama se torna aún más complejo debido a la expansión de las organizaciones criminales en diferentes territorios del país. De acuerdo con el funcionario, el Valle del Cauca ha visto el crecimiento de grupos delincuenciales como La Inmaculada, Los Flacos y La Nueva Alianza, que ahora hacen presencia en el norte del departamento. Incluso, la organización La Cordillera ya no solo atemoriza a los residentes de Risaralda (Caldas), sino que ha traspasado fronteras, llegando al Valle.

Con esto también se ha evidenciado un aumento en las disputas por espacios para el microtráfico, lo que ha redundado a varios homicidios que ahora son más notorios y que afectan directamente a la población civil.

La falta de operatividad de las Fuerzas Militares

No obstante, el actuar criminal de estos grupos no se queda en el microtráfico; el 11 y el 18 de diciembre se registraron dos atentados en los peajes de Pipiral y Boquerón, sobre la vía al Llano. El fiscal explicó al informativo que hay elementos que comprobarían que la delincuencia común fue contratada, a modo de “outsourcing”, para cometer estos actos terroristas.

Todo esto es un problema que, al parecer, las autoridades colombianas no han podido enfrentar con toda la efectividad, debido a que se ha evidenciado una disminución de la capacidad operativa de las Fuerzas Militares en un 26% y un 28%, según informó el fiscal al medio citado. Esto repercute necesariamente en los resultados que se documentan en materia de seguridad y en las mismas capturas que logra hacer la fuerza pública.

¿No más secuestros a cambio de financiación?

En medios de comunicación salieron a relucir las exigencias del ELN para detener los secuestros, que denominan como “retenciones con fines económicos”, lo que generó una ola de críticas en contra de la guerrilla, por pedir apoyos económicos para mantener a la organización criminal fortalecida.

Sin embargo, Antonio García explicó que no busca que el Gobierno nacional destine dinero para el ELN, puesto que sigue siendo el “enemigo” con el que actualmente hay un cese al fuego bilateral temporal.

“Tanto el fiscal como el Defensor (de paracos) han dicho que el ELN está pidiendo financiación al Gobierno; estaríamos locos si eso fuera cierto, a nadie cuerdo se le ocurriría solicitarle a su enemigo que lo financie; en los diferentes momentos hemos dicho que del Gobierno no recibiríamos ‘ni un centavo’, hay suficientes testigos documentados”, dijo el jefe guerrillero en una columna.

En ese sentido, pidió que se les permita revisar las “cuentas” del dinero de carácter internacional que recibe el Gobierno para sostener el proceso de paz y, en esa medida, buscar la manera de que la guerrilla también se beneficie de esos recursos.