La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llevaron a cabo en la mañana del jueves 28 de diciembre un operativo de desalojo en la casa museo del fallecido narcotraficante Pablo Escobar.
El inmueble, ubicado en Medellín, estaba siendo utilizado como museo por la familia de Escobar, incluyendo a su hermano Roberto Escobar, conocido con el alias de el Osito, que se encontraba presente durante la acción policial.
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La orden de extinción de dominio sobre la casa, avaluada en aproximadamente 12.000 millones de pesos, es parte de una medida por presunto lavado de activos.
Según una fuente de la SAE que fue consultada por Semana, la propietaria del predio es solo una figura representativa y no la real dueña. La presencia del Esmad fue necesaria ante la negativa de la familia Escobar de abandonar la propiedad.
La SAE además pospuso el procedimiento y planea retomarlo en enero, concediendo unos días adicionales para que la familia retire los objetos del museo, que no forman parte del proceso de extinción.
El historial del inmueble data desde el 20 de octubre de 2023, fecha en la que la Sociedad de Activos Especiales le notificó a la familia Escobar sobre la toma de posesión.
Transformado en museo por “el Osito”, el lugar exponía diferentes pertenencias del extinto capo del cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria y era un punto frecuente de visitas, especialmente por turistas extranjeros. La administración de la casa museo estaba a cargo de Roberto Escobar Gaviria hermano del extinto narcotraficante, quien se dedicaba personalmente a narrar la historia de su hermano y el conflicto asociado a su figura.
La Fiscalía General de la Nación viene investigando si la propiedad heredada en el barrio La Asomadera 2, que al parecer estaría vinculada con el cartel de Medellín.
La sospecha radica en que, a pesar de haber sido heredada por varios individuos, una serie de maniobras habrían permitido que una sola mujer figurara como dueña en los registros públicos.
Agentes de la Policía Judicial y de la Fiscalía General de la Nación documentaron en el sitio una variedad de objetos asociados al difunto narcotraficante, tales como fotografías, réplicas de su carriel, imágenes de cera, un vehículo de época y otros objetos que pertenecieron al capo abatido el 2 de diciembre de 1993.
La propiedad, foco de varias inspecciones fiscales, fue ordenada a demolición parcial en julio por la Inspección de Policía 9B debido a la falta de autorizaciones pertinentes.
“El predio tenía una construcción de dos plantas que no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento, edificación y apertura al público,” informó la Alcaldía de Medellín.
En respuesta, los dueños buscaron evitar la demolición mediante recursos legales, pero un juez dictaminó finalmente su derribo, además de notificarles sobre futuros procesos para determinar posibles sanciones adicionales.
Dentro de la polémica vivienda, se comercializaban fotocopias de lo que serían reliquias familiares de Pablo Escobar, las cuales eran adquiridas por turistas y exhibidas posteriormente en redes sociales, así como otros suvenires que hacían alusión al capo del narcotráfico. Estas acciones forman parte de las investigaciones en curso para determinar la legalidad de dichas actividades y la relación de los supuestos propietarios con el patrimonio del conocido cabecilla del narcotráfico.
Se prevé que la demolición y la investigación en torno al inmueble puedan tener repercusiones en el contexto de la administración de bienes post mortem del líder criminal. Mientras tanto, la propiedad permanece como un punto de referencia del pasado turbulento que vivió la ciudad a manos del cartel de Medellín.
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