Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, informó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene aproximadamente a 38 personas secuestradas. Subrayó que las retenciones realizadas con propósitos extorsivos deben considerarse como secuestros, sin lugar para debates, un criterio respaldado por el nuevo comisionado para la paz del país, Otty Patiño.
El titular de la cartera de defensa enfatizó la gravedad de la situación y reiteró el compromiso del Gobierno para enfrentar esta problemática. La aseveración de Velásquez refleja una postura clara respecto a la naturaleza de los actos perpetrados por el grupo armado. En clara alineación con el contexto legal del país, el MinDefensa sostiene que “No hay ninguna discusión ni tenemos que debatir”, haciendo eco de las palabras del comisionado de paz.
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Las palabras de Velásquez fueron: “cuando esa retención se está haciendo con fines económicos y extorsivos como los que realiza el Ejército Liberación Nacional esa retención se llama secuestro y está dentro de la definición del secuestro extorsivo entonces decir que hay unas modalidades de tenencia de las personas que hay unos secuestrados otros retenidos. Todas estas personas que están en el poder del ELN por cuya libertad se exige una recompensa están secuestrados como lo dice, además el comisionado de paz y en eso no hay ninguna discusión ni tenemos que ponernos a debatir en términos, si es que esto significa no significa, esos son secuestros”.
Esta declaración se produce en un contexto de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y agrupaciones armadas para alcanzar la paz en el territorio nacional. El tema del secuestro por parte de grupos como el ELN constituye un punto crítico en tales discusiones. El reconocimiento de estos actos como secuestros enfatiza la posición del gobierno de no tolerancia frente a la extorsión y el secuestro.
Es importante mencionar que el Ejército de Liberación Nacional ha estado involucrado en el conflicto armado colombiano durante décadas, siendo la retención y secuestro de personas una de sus tácticas más censuradas. Por tanto, la confirmación de la cifra de secuestrados por parte de este grupo no solo tiene implicaciones de seguridad sino también humanitarias, presionando por soluciones que pongan fin a estas violaciones de derechos humanos.
El Gobierno no quiere titubear
La preocupación surge ante la clasificación que pueda darse a las acciones del ELN, en el contexto de las tensiones de seguridad en Colombia. La afirmación del ministro Velásquez sobre el número de secuestrados destaca la seriedad de la situación, y su referencia a la interpretación del comisionado de paz subraya la postura oficial del gobierno sobre estos hechos, considerándolos de manera indiscutible como secuestros. La declaración busca disipar ambigüedades y establecer un precedente claro para el tratamiento de estos delitos.
El reconocimiento oficial de los 38 secuestrados por parte del ELN y la calificación de estos actos como secuestros pone en evidencia las complejidades del conflicto interno en Colombia, y podría influir en futuras negociaciones o acciones contra esta guerrilla. No obstante, las declaraciones de Velásquez reiteran la postura del gobierno colombiano y refuerzan su compromiso con la definición legal de secuestro. La lucha contra el ELN y otros grupos armados sigue siendo un componente crítico de la política de seguridad del país.
La controversial definición de secuestro del ELN
Para el ELN el acto de secuestrar no es más que una “retención de personas por sus actividades de corrupción o por ser parte del aparato bélico del Estado”. Además, esta guerrilla asegura que no son secuestros sino “retenciones” y es una de las formas “con las que se financia la organización” según lo dijo Pablo Beltrán cuando se le cuestionó el tema por primera vez .
El ELN se justifica argumentando que sus acciones están dirigidas contra personas específicamente identificadas por su vinculación con estructuras corruptas del Estado o su participación en el conflicto armado, sin embargo, el secuestro del papá de Luis Díaz no cumplía con esas características y se aleja de la definición tradicionalmente aceptada de secuestro, que implica la captura y reclusión ilegal de individuos, muchas veces con el objetivo de solicitar un rescate.
La controversia se expande en el panorama político y social de Colombia por la percepción del secuestro por parte de esta guerrilla como una herramienta válida dentro de su lucha armada supone un obstáculo significativo para avanzar en cualquier proceso de paz.
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