La estrategia con la que el presidente de la República, Gustavo Petro, busca reducir los índices de inseguridad en las principales ciudades del país tendría serias anomalías, según la denuncia que el miércoles 29 de noviembre dio a conocer la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, del Partido Cambio Radical: opositor al Gobierno nacional. Y que además beneficiaría a jóvenes con estatus migratorio.
De acuerdo con la congresista, el programa Jóvenes en Paz, con el que el Ejecutivo le pagaría un millón de pesos a los delincuentes para no cometer hechos delictivos, incluiría entre su base de beneficiarios a ciudadanos extranjeros, al parecer venezolanos, que tendrían en curso procesos judiciales o estarían imputados por la justicia colombiana. Lo que llamó, de acuerdo con la representante, una mirada más profunda.
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La denuncia de los alcances de Jóvenes en Paz
En su intervención en la plenaria de la Cámara de Representantes, la representante Arbeláez se refirió a la polémica que ha causado este proyecto, pues de acuerdo con sus palabras, mientras hay ciudadanos que se levantan todos los días para ir a sus respectivos trabajos, “y sacar con mucho esfuerzo a sus familias adelante”, se van a destinar recursos públicos para “premiar” a jóvenes delincuentes migrantes.
“Esto lo que significa, señores representantes, que abre la puerta para que todos esos jóvenes, delincuentes extranjeros hoy en el país, sean beneficiarios del millón de pesos que quiere pagarle el señor presidente”, afirmó la parlamentaria, durante la discusión de la reforma a la salud, que se adelanta en segundo debate en la plenaria de la corporación. Y no dudó en calificarlo como indignante.
En su denuncia, la representante adjuntó la respuesta del Ministerio de Igualdad y Equidad a un derecho de petición que radicó ante esta dependencia, en la que solicitaba que se le diera claridad al numeral 8 de la referida iniciativa, en cuanto si se consideran como potenciales beneficiarios a jóvenes migrantes que cumplan con los criterios de focalización territorial definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y cuenten con documento de identidad vigente.
En el documento, la representante resaltó la respuesta dada por la cartera, en la que se establece que, en caso de que la o el potencial beneficiario no cuente con documento válido de identificación, “se garantizará una ruta de atención que facilite su expedición con la entidad competente”, como la Registraduría Nacional del Estado Civil, o la Unidad Administrativa de Migración Colombia.
Sobre el tema, ni el presidente Petro ni la ministra de esta entidad, la vicepresidenta Francia Márquez se han pronunciado. La controversia ante la revelación de Arbeláez va en aumento, pues se han sumado otras voces de los partidos de oposición que también mostraron su inquietud por lo que sería no solo el proceso de implementación de este programa, sino además por los recursos que se invertirían.
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