
El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el domingo 26 de noviembre que al menos cuatro ciudades, entre ellas Bogotá, serán la prioridad del Gobierno nacional en la elaboración e implementación de la nueva política de seguridad, con la que busca combatir el crimen organizado que ha elevado los índices en la percepción negativa de los ciudadanos.
A través de su perfil de X (antes Twitter) y citando las declaraciones del director de la Policía, general William René Salamanca, que se refirió a las gestiones que adelanta la institución para vincular a 400 uniformados a la fuerza de la capital de la República, el jefe de Estado comentó sobre cuáles serán las ciudades en las que se agilizará la puesta en marcha de esta estrategia.
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Lo que causó controversia fue el señalamiento de Petro a “algunos políticos” que estarían apoyando a las estructuras criminales. Aunque no mencionó nombres, para unos fue una indirecta para la familia Char, que es la que maneja durante más de 15 años los hilos de Barranquilla.

Llamó la atención que en el grupo de ciudades no estuviera Cali y Medellín, metrópolis en las que el tema de seguridad fue “caballito de batalla” en las pasadas elecciones regionales para los alcaldes electos Alejandro Éder y Federico Fico Gutiérrez, respectivamente, que enfocaron su plan de gobierno en esa línea de acción.
En lo que respecta a Bogotá, el anuncio de Salamanca respondería a la insistente petición que ha hecho la alcaldesa Claudia López, que en diferentes oportunidades ha manifestado su preocupación por el déficit en materia de efectivos policiales, pese a que es la que más aporta en materia de impuestos con respecto al resto del territorio nacional.
Desde agosto, según se supo, está la instrucción sobre la llegada de los 400 integrantes de la Policía que reforzarán la seguridad en Bogotá. No obstante, la orden no se ejecutó, aunque se espera que a finales del mes comiencen a unirse a los diferentes cuadrantes que están destinados a prestar sus servicios a los sectores que más requieren en seguridad.
Pese el anuncio de Petro, las críticas en esta ocasión se centraron en lo que ocurre en Timba, corregimiento de Buenos Aires (Cauca), en donde miembros del Ejército y la Policía fueron objeto de una asonada por la presión que estarían haciendo grupos al margen de la ley como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
Así se registró el sábado 25 de noviembre, cuando la comunidad expulsó a los miembros de la fuerza pública de esta población, en medio de los enfrentamientos con la columna Jaime Martínez. Sin margen de maniobra, a los efectivos no les quedó de otra que retirarse de la zona y evitar así una confrontación armada con los civiles.
“Yo entiendo que la comunidad ha estado bajo la presión de estos grupos criminales. Seguiremos haciendo presencia, obedeciendo la constitucionalidad”, indicó sobre esta situación Salamanca, que salió en defensa de los oficiales que hacían tareas de reconocimiento y control de esta zona.
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