
El Gobierno no ha tenido buena suerte con los proyectos de ley en el Congreso durante el 2023, ya que muchos estuvieron bajo polémica. Tal es el caso de la reforma a la salud y, recientemente, la iniciativa para sancionar a quienes “obstruyan la paz”, propuesta por el senador Iván Cepeda y a la que se le realizaron algunos ajustes.
Se trata de un proyecto que crea una conducta delictiva para los que impidan o restrinjan el inicio o finalización de los procesos con grupos armados, pero que recibió un montón de críticas desde distintos sectores, empezando por la oposición, ya que abriría la puerta a que cualquier persona que haga un comentario sobre una negociación de paz vaya a prisión.
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Sin embargo, el senador del Pacto Histórico afirmó el 24 de noviembre que realizó una serie de cambios a su iniciativa para presentarla al Congreso, delimitarlo a ciertas acciones que obstaculicen dichos diálogos, entre ellos, el asesinato a firmantes de un acuerdo.
“Está muy claramente delimitado”
Durante una rueda de prensa tras el evento conmemorativo por los siete años del acuerdo de paz con las extintas Farc, el senador Iván Cepeda respondió a la pregunta sobre su proyecto de ley para sancionar a quienes obstruyan la paz y explicó cuáles serán algunas de esas acciones que se considerarán como conductas delictivas.

Por otro lado, el senador dejó claro que no se afectarán los derechos fundamentales y que fue una de las críticas de la oposición ante esa iniciativa: “Este no es un proyecto, y lo dice en la modificación que ha tenido, contra la libertad de expresión, de opinión o del trabajo que hace la prensa, que es supremamente válido y que yo reconozco”.
Detalles del proyecto
El 16 de noviembre, el senador presentó a sus seguidores el proyecto de ley en el que “establece la tipificación de crímenes que puedan interferir en las negociaciones y la implementación de acuerdos”, del cual mostró los detalles iniciales para sancionar a quienes cometan dichos delitos.

Algunos de los puntos en el proyecto incluían penas de prisión de 10 a 15 años y multas de 1.000 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, la polémica se centró en el tema de los servidores públicos y si son responsables del crimen, como obstruir un proceso, emplear un bien del Estado o causar la muerte de un excombatiente, gestor de paz, defensor de derechos humanos o líder social.
“Atentado a la democracia”
Hernán Cadavid, representante a la Cámara, fue uno de los que lanzó nuevas críticas al proyecto de Iván Cepeda en su cuenta de X, en especial porque los delitos que el senador señaló ya son sancionados penalmente y no sería necesaria una iniciativa de ese tipo.

Previamente, otros senadores como María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, dijo que el proyecto es para defender la política del Gobierno Petro: “¿Qué tal esto? Ahora los sectores radicales de la izquierda quieren crear un nuevo tipo penal denominado ‘obstrucción a la paz’, para judicializar a todo aquel que se oponga a la farsa de ‘paz total’”.
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