El contrato que entregó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a RTVC para la realización de eventos públicos puso contra las cuerdas de la Procuraduría a 21 funcionarios públicos. La Procuraduría, luego de la indagación, abrió una investigación formal para establecer si se cometieron irregularidades en el proceso.
De acuerdo con el Ministerio Público, el sistema de medios públicos no tendría la capacidad para cumplir con el objeto del contrato, el cual consistía en encargarse de la logística de los eventos que realizaría la ANT entre los meses de septiembre a diciembre de 2023.
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Las funciones de RTVC son la programación, producción y operación de la red de radio y televisión de los canales y emisoras del Estado, por lo que no estaría incluido ser un operador logístico de eventos. Por esa razón, el ente de control investiga si el contrato entregado por la ANT se acoge a los estatutos internos de la productora pública.
La irregularidad identificada en la indagación previa indica que se podrían haber vulnerado los principios de economía, selección objetiva y transparencia porque, en caso de que RTVC no tenga la capacidad para cumplir con las funciones, el proceso de contratación no seleccionó al oferente más adecuado en el ámbito técnico, financiero y operativo.
“Al parecer se aplicó un procedimiento de selección que no correspondía a la naturaleza del objeto a contratar”, señaló el Ministerio Público al anunciar la apertura de la investigación formal para determinar si las irregularidades incurrieron en faltas disciplinarias para los intervinientes en la contratación.
La investigación vinculó al secretario general de la ANT, Daniel Medina González y los funcionarios Nury Luz Peralta, Julio César Cuastumal Madrid, Tony Luis Lozano Berrocal, Ana María Cadavid Escudero, Juan Camilo Cabezas, Juan Diego Gómez Vásquez, Claudia Patricia Herrera Logreira, Laura Andrea Botero Salazar, Gabriela Góngora Bermúdez y Andrés Felipe Alcalá Rodríguez.
Así mismo serán investigados los contratistas de la ANT Bibiana Marcela Linero Guiza, Melissa Paola Palmera Castilla, Esteban Castaño Jaramillo, Cristina Elizabeth Gelpud Bravo, Jeanneth Andrea Soto Pacheco, Ángela Tatiana Coy Cruz, Laura Cárcamo Cárcamo, Jairo Salamanca Grajales y Derly Dayanna Espinel.
En cuanto a la RTVC se vinculó a la investigación al subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, Jorge Luis Arzuaga Cadena, quien habría intervenido en la estructuración del contrato.
El objeto de la contratación quedó establecido como “contratar los servicios de planificación, organización, operación, producción de los eventos y actividades logísticas que requieran las dependencias de la Agencia Nacional de Tierras, para apoyar el desarrollo de las actividades misionales que se requieran”.
También debía asumirse la publicación de pancartas, vallas, e incluso la instalación de estaciones de café, bebidas, ofrecer servicios de alimentación como desayunos y almuerzos, que se encuentran dentro de los detalles de la logística requerida para realizar los eventos.
La gerente de RTVC Nórida Rodríguez señaló cuando se generó la polémica por el contrato, en una entrevista con W Radio, que el Sistema de Medios Públicos era también una agencia BTL y ATL que podría contratar con terceros para cumplir con los servicios del contrato.
En el contrato se resalta que RTVC contempla en su objeto social “ofrecer todos los servicios asociados con la comunicación, promoción y divulgación, en cualquier plataforma, incluyendo la prestación del servicio de asistencia técnica en todos aquellos temas en que cuente con la idoneidad y experiencia”, aunque no se refiere a subcontratación ni servicios logísticos.
Según la gerente, todos los documentos de estructuración cumplían con las normas y los estatutos de la empresa, por lo que descartó las irregularidades. Sin embargo, tras analizar los documentos asociados, la Procuraduría decidió abrir una investigación.
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