En las acciones operativas en contra de la corrupción desde la Procuraduría General de la Nación fue confirmado la destitución e inhabilidad de dos funcionarios públicos en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, por irregularidades en contratación durante la emergencia desatada por la pandemia.

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La secretaria General de Soledad, Amalfi María Gaviria Ramos, y el secretario de Gestión Social del municipio, Deiber Conrado Niebles, fueron destituidos e inhabilitados durante 8 años por inconsistencias en los procesos para adquirir el suministro de kits nutricionales:

El Ministerio Público evidenció que Conrado Niebles, en su función como secretario de Gestión Social, no incluyó correctamente la información requerida en los estudios previos del contrato, como exige el Código Estándar de Productos y Servicios de Colombia Compra Eficiente. Asimismo, se determinó que la organización El Lirio de los Valles, contratada para la distribución de los kits y que recibió un monto de 2.100 millones de pesos, carecía de la experiencia necesaria y no cumplía con los requisitos legales, hecho ignorado por la secretaria General, quien aprobó y firmó dicho contrato.

Los servidores públicos involucrados fueron hallados responsables de una falta gravísima por comprometer la transparencia. Esta decisión fue dictaminada en primera instancia por la Procuraduría delegada de Juzgamiento 2. No obstante, los sancionados pueden presentar un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento para impugnar el fallo.

De igual manera señalaron desde la Procuraduría en medio de las sanciones e inhabilidades, la suspensión durante ocho meses al exministro plenipotenciario en funciones consulares en La Habana, Juan Norberto Colorado Correa, por irregularidades cometidas durante su mandato en el período 2021-2022; entre ellas, otorgar visas sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

Medida de aseguramiento para policía acusado de pedir dinero por beneficios judiciales

Las autoridades colombianas han detenido a Orlando Javier Serpa Gómez, subintendente de la Policía Nacional, imponiendo medida de aseguramiento por actos de corrupción durante su servicio en una estación policial de Antioquia. El individuo está acusado de cometer el delito de concusión en el municipio de Caucasia durante el año 2022.

Según la imputación realizada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Antioquia, Serpa Gómez presuntamente solicitó dinero a familiares de detenidos a cambio de ofrecerles el beneficio de la detención domiciliaria. La investigación efectuada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) reveló que en agosto de 2022 se hizo un depósito de 2 millones de pesos en la cuenta personal del entonces patrullero, presuntamente en busca de favores judiciales para un prisionero. Un caso similar involucró a la familia de otro recluso, que habría pagado una cantidad similar, con la intención de adquirir privilegios penitenciarios similares.

La captura del subintendente Serpa Gómez se produjo en San José de la Montaña, Antioquia, mientras este desempeñaba sus funciones. El acusado optó por no aceptar los cargos imputados relacionados con actos de corrupción. Esta operación forma parte de las medidas continuas de las autoridades para combatir la corrupción dentro de las instituciones del estado.