Defensor del Pueblo pidió al Gobierno implementar la Reforma Rural Integral de manera concertada para evitar conflictos sociales

En la instalación del primer Congreso Agrario de la Defensoría del Pueblo, en el que la premisa es pensar en conjunto un nuevo campo colombiano, Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, se refirió a la implementación de la Reforma Rural Integral.

Mediante un llamado al Gobierno y a quienes tienen interés en la reforma, el funcionario señaló que es importante concertar su alcance y explicó la manera en la que debería ser puesta en funcionamiento.

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“Para la correcta implementación de la reforma agraria, debemos participar todos los colombianos y, especialmente, los órganos que tenemos a nuestro cargo, la vigilancia de las actuaciones administrativas y la protección de los derechos humanos. En este congreso vamos a escuchar a todos los sectores para que, con el nuevo campo colombiano que queremos, podamos alcanzar la tan anhelada paz estable y duradera como superación de tantos años de violencia y conflicto armado. Concertar la reforma es evitar escenarios de conflictividad social”, expuso el defensor del Pueblo en el auditorio de la Universidad Libre de Barranquilla.

En la misma línea, aseguró que la coordinación interinstitucional es la única opción razonable para que el nuevo panorama normativo y social permita llevar a cabo eficazmente una reforma agraria integral, y por ese motivo la Defensoría del Pueblo señala que las medidas adoptadas deben cumplir con el requisito de integralidad, es decir, que no se trate de actuaciones dispersas desde diferentes dependencias, sino de políticas públicas diseñadas con la participación de todas ellas.

De acuerdo con la Defensoría, los propósitos principales del primer Congreso Agrario es trabajar en conjunto para evitar hechos violentos, como la ocupación de tierras, el robo de ganado, la siembra de minas antipersonal, las consecuencias de la minería no formalizada y episodios de desplazamiento forzado.

En las jornadas de diálogo con representantes de las organizaciones campesinas, el Gobierno nacional, la Rama Judicial, la academia y las asociaciones productivas del sector agropecuario del país, la entidad defensora de los derechos humanos dijo que estas deben apuntarle a dicho propósito:

“Poner en el orden del día los temas concernientes a la reforma rural no solo comporta el análisis crítico de una problemática en la que tenemos una deuda histórica, sino que nos lleva a discutir sobre las medidas idóneas y eficaces para lograr una transformación estructural del campo colombiano, que garantice las condiciones de bienestar y vida digna de nuestros campesinos”, añadió Carlos Camargo Assis.

Además, se refirió a la conciencia sobre la propiedad de la tierra, la cual es importante en la implementación de la reforma y debe estar enfocada en establecer una relación razonable entre tres elementos: equidad, productividad y uso adecuado.

El defensor fue enfático en manifestar que, junto con las políticas de redistribución rural equitativa del país, se requiere trazar líneas de explotación económica, ambiental y socialmente responsable, así como planificar proyectos sostenibles que integren una idea nacional de desarrollo sustentable.

Finalmente, aseguró: “En cuanto a las medidas normativas, los esfuerzos deben estar dirigidos a la integración entre la regulación jurídica de la propiedad privada y los mandatos de desconcentración de la posesión y el dominio. Si no se acepta la exigencia de readjudicación de la propiedad de la tierra en nuestro país, no podrán combinarse exitosamente las legislaciones sobre propiedad y desconcentración”.

La agenda del Congreso Agrario tiene prevista una exposición del magistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, sobre los alcances de la sentencia que resolvió los conflictos jurídicos en torno a la adjudicación de baldíos y se abrirá un panel de discusión sobre la regulación normativa en este asunto.