Minas antipersona siguen dejando víctimas: miembro de la comunidad indígena Áwa perdió su vida por esta causa en Nariño

A pesar de los esfuerzos internacionales y los avances en el desminado, Colombia continúa enfrentando el desafío persistente de las minas antipersona. Los heridos y fallecidos a causa de estos artefactos han vuelto a ser cientos de personas al año, después de que habían disminuido tras la firma del acuerdo de paz en 2016.

Este fue el caso de Cristóbal, quien se encontraba en territorio del resguardo indígena Nulpe Alto del Río San Juan, en zona rural de Ricaurte (Nariño), cuando murió por una mina oculta en la zona el viernes 10 de noviembre.

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Según estadísticas del Ministerio de Defensa, una de cada cinco personas que pisan estas minas muere como consecuencia, mientras que las otras cuatro resultan lesionadas. Las víctimas, en su mayoría, sufren la pérdida de movilidad y limitaciones físicas debido a la amputación de extremidades.

El lamentable hecho generó que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana sobre los riesgos que tiene este pueblo indígena. En este documento, la entidad indica que los resguardos de esta comunidad son “claros escenarios de conflicto armado entre grupos ilegales”.

Según Indepaz, en este territorio los actores armados se caracterizan por realizar “combates en medio de caseríos, homicidios selectivos en lugares públicos, reclutamiento forzado, uso de minas antipersona”, entre otras formas de infundir terror en la comunidad.

La misma ONG señala que los actores armados que hacen presencia en los territorios son el ELN, el frente Iván Ríos de la Segunda Marquetalia, bandas locales y el frente Oliver Sinisterra, también de las disidencias de las Farc.

Según las estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas de Minas Antipersona, los departamentos más afectados han sido Antioquia, Meta, Nariño, Norte de Santander y Caquetá.

Polivio Rosales, senador de la República por el movimiento AICO (Autoridades Indígenas de Colombia), hizo una alerta en su cuenta de X debido a que “la situación en el departamento de Nariño, especialmente en los municipios de Samaniego y La Llanada, marcada por enfrentamientos entre grupos ilegales, sigue siendo sumamente preocupante”.

Rosales pidió intervención “real” al Gobierno nacional. Además, el senador expresó que “es esencial que el diálogo con estos grupos esté condicionado a una verdadera intención de paz”, refiriéndose a la petición que han hecho ciudadanos y personalidades políticas sobre la continuidad del proyecto de Paz Total, que tiene en curso el proceso de paz del Gobierno con el ELN y en pausa el del Estado Mayor Central (uno de los grupos de las disidencias de las Farc).

Los civiles: cada vez son más víctimas de minas antipersona

Un estudio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) indicó que entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2023 hubo 94 víctimas de minas antipersona; mientras que en el mismo periodo entre 2021 y 2022 se registraron 132 personas afectadas. Entonces, esto representó una disminución del 29% entre un periodo y otro.

A pesar de la reducción de estos hechos, lo cierto es que cada vez la proporción de civiles afectados por minas antipersona es mayor.

Para 2017, solo se registraron 59 víctimas por minas antipersona. Sin embargo, a partir de 2018, la tendencia a la baja se revirtió, y el país ha experimentado un aumento en personas afectadas por estos artefactos explosivos.

La situación se vuelve aún más preocupante al observar que cada vez son más los civiles que resultan afectados. En 2022, se reportaron 139 víctimas, de las cuales 90 eran civiles. Para finales de septiembre de 2023, la cifra ya alcanzaba las 80 personas heridas por minas antipersona, de las cuales 47 eran civiles.