
En medio los acontecimientos que han rodeado a la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, además de la entrada de un nuevo ciclo en las negociaciones del Gobierno nacional con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el delito del secuestro se ha tomado el panorama judicial y político del país.
Desde distintas posiciones en el contexto público se han levantado voces sobre los efectos que este flagelo tiene en el desarrollo de la política de la Paz Total, impulsada por la gestión del presidente, Gustavo Petro.
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Incluso, desde entidades como la Defensoría del Pueblo se han expuesto los datos sobre la incidencia de este crimen a lo largo y ancho del territorio colombiano. En recientes declaraciones del defensor Carlos Camargo, se conoció que los números de retenciones ilegales habrían subido a 79 durante del 2023, especialmente en zonas de alta complejidad debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley como el departamento de Arauca.

Sin embargo, el Gaula Militar publicó que las personas capturadas por las autoridades a razón de secuestros pueden ser más de 100, incluso en regiones como el Eje Cafetero, una zona que no ha sido tan reportada como un punto clave para la comisión de este delito.
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Los reportes del Gaula manifestaron que, entre el departamento de Risaralda, Quindío y Caldas, al menos 122 personas fueron capturadas por temas de extorsión y secuestro dentro de un grupo que supera las 160 personas detenidas por estos y otros actos delictivos.
Si bien la información proporcionada por el cuerpo uniformado no adjudica concretamente estas acciones como hechos cometidos por grupos armados como el ELN, sí evidenció que hay una fuerte presencia de estructuras criminales que “buscan atentar contra la libertad de las personas”.
“La acción oportuna de la Unidad ha logrado capturar a 164 personas, de las cuales 122 fueron por los delitos de extorsión y secuestro”, indicó la institución que, además, afirmó que “adicional a estas capturas, se realizaron 42 por otros delitos, y se logró la presentación voluntaria de 4 personas y el rescate de un secuestrado”.
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Risaralda ha sido el departamento con mayor número den capturas
El reporte manifestó que se habrían capturado “21 personas en el departamento de Caldas; 30, en Quindío, y 71, en Risaralda, para un total de 122 individuos dedicados a estos delitos”. Además, informó que estos uniformados adscritos a la Octava Brigada, como respuesta a las respectivas denuncias, han evitado el pago de “$1.094.290.000 por los delitos que atentan contra la libertad personal en los tres departamentos del Eje Cafetero”.
8.000 personas en 55 municipios serían el objetivo de protección
En esa medida, el Gaula ha buscado establecer lazos de comunicación y confianza institucional con varias comunidades de estos departamentos, incluso, en el Valle del Cauca: “Estos resultados se han dado gracias a que hombres y mujeres del Gaula Militar han recorrido en varias ocasiones los municipios de la jurisdicción, compuesta por los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas y los municipios de Ulloa y Alcalá, en el Valle del Cauca, en una tarea de acercamiento a la población en el marco de actividades tendientes a evitar que sea víctima de extorsión, con la campaña Yo no pago, yo denuncio”.
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Con dicha campaña, el Gaula busca contrarrestar los delitos de extorsión y secuestro. El comandante de la mencionada institución, mayor Nestor Ortiz Arciniegas, expresó que la idea de hacer jornadas de comunicación con la población es hacer pedagogía sobre “cómo evitar ser víctimas de los delincuentes, quienes, a través de engaños e intimidaciones, extorsionan a comerciantes, tenderos, ganaderos y comunidad en general, exigiendo grandes sumas de dinero ante la amenaza a su integridad”.
Así, las estrategias de las autoridades sería comunicar a través de distintos formatos las prevenciones: “Informar a unas 8000 personas, mediante charlas, videoconferencias, entrega de volantes y tarjetas en sectores comerciales, sitios turísticos, peajes y parques principales”.
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