Procuraduría formuló cargos contra el gobernador del Chocó por irregularidades en ayudas para víctimas del conflicto armado

La Procuraduría General de la Nación anunció que formuló un pliego de cargos en contra del gobernador del Chocó, Ariel Palacios, debido a que presuntamente habría cometido irregularidades en la contratación directa de ayudas humanitarias que tenían como objetivo atender a la población que fue víctima de conflicto armado en dicho departamento. Todo esto sucedió mientras en el país se vivía la pandemia del covid-19.

De esta manera lo confirmó la Procuraduría General de la Nación en su cuenta de X: “La @PGN_COL formuló cargos al gobernador del Chocó por presuntas irregularidades en la contratación directa de ayudas humanitarias para atender a la población víctima del conflicto armado”.

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Y es que, teniendo en cuenta la investigación en contra del mandatario del departamento del Chocó, se habrían presentado sobrecostos y detrimento patrimonial a la hora de adquirir los kits de ayudas, ya que los pagos que se hicieron para obtenerlos fueron superiores a los que el mercado del lugar establece, puesto que al parecer se habrían pagado más de 84 millones de pesos.

“De acuerdo con la investigación, se habrían presentado sobrecostos y un detrimento patrimonial en la adquisición de los kits de ayudas, pues se hicieron pagos superiores a los que el mercado del lugar establecía”, explicó la entidad.

Según cuenta el Ministerio Público, el mandatario del departamento, habría optado por contratar a una empresa que no vendía los productos requeridos, esto a pesar de que en el Chocó, se podían encontrar proveedores que se dedicaban a la venta de estos y que además eran ubicados por los sitios en los que se tenían que entregar.

Según la Procuraduría General de la Nación, el gobernador tuvo la posibilidad de reducir los gastos que finalmente se dieron, o que por lo menos, este se ajustara a los precios reales de los productos adquiridos por su administración, con los que de acuerdo al Ministerio Público se pudo haber abarcado a un mayor número de personas, pero la entidad mencionó que el mandatario prefirió adjudicar “sin justificación” a la empresa mencionada anteriormente.

“A juicio del Ministerio Público, el gobernador tuvo la posibilidad de minimizar los costos o que, por lo menos, estuvieran ajustados a los valores reales de los bienes, con los que incluso podría haber abarcado un mayor número de beneficiarios, pero, prefirió adjudicar sin justificación alguna el contrato a la cuestionada empresa” comentó la Procuraduría General.

Además, la entidad complementa con respecto a lo último que: “Además de cuestionar la experiencia del contratista, y el hecho de que en el negocio bilateral no se determinaron los municipios en los que se entregarían las ayudas”.

Y es que en el mes de marzo, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, había explicado que los hechos que vinculan al gobernador tienen relación con un contrato de prestación de servicios que se efectuó el 15 de abril de 2020 y fue efectuado con la fundación Chocó Saludable, este tenía como propósito realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios ubicados en el departamento.

A causa de eso, la Corte Suprema de Justicia recibió el escrito de acusaciones en contra del gobernador del Chocó, este fue presentado por la Fiscalía General de la Nación debido a las razones anteriormente expuestas. Y es que, al parecer, el valor de dicho contrato ascendió 2.091 millones de pesos

La Procuraduría General de la Nación ya había abierto una investigación previa el 7 de septiembre de 2023, por presuntamente haber afectado 60.000 niños, niñas y adolescentes, al haber suspendido el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Finalmente, el Ministerio Público aseguró del tema que: “La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta reprochada como falta gravísima a título de culpa gravísima”.