Licitación para la vigilancia electrónica de más de 5.000 presos en casa por cárcel sigue estancada: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación tiene en la mira el proceso licitatorio que tiene como fin contratar los servicios de vigilancia electrónica para garantizar y controlar la seguridad de los condenados privados de la libertad.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) ha contratado dicho servicio de manera directa durante los últimos dos años, acudiendo a la figura de la urgencia manifiesta, un mecanismo excepcional.

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La Procuraduría General de la Nación determinó que sigue sin avanzar dicho proceso de licitación para contratar los servicios de vigilancia electrónica. Por ello, Ministerio Público hizo un llamado para evitar que la entidad incurra, nuevamente, en la urgencia manifiesta.

Y es que, el órgano de control, en sus tareas preventivas, presentó una serie de observaciones relacionadas con aspectos jurídicos y técnicos, tanto en los pliegos como en los estudios, que buscaban garantizar la pluralidad de oferentes y la selección objetiva.

La Procuraduría pidió a la Uspec que dirija todos sus esfuerzos y capacidad de gestión para que el proceso de selección culmine exitosamente, adjudicándolo al proponente que ofrezca las mejores condiciones y garantías para la prestación del servicio.

La empresa que viene prestando el servicio de vigilancia electrónica es la misma que rige desde octubre de 2021, amparada en la declaratoria continua de cinco urgencias manifiestas.

Dicha situación preocupa al órgano de control, no solo por el abultado presupuesto que se destina y que asciende a $ 113.116.982.400, sino porque esta acción podría ir en contravía de los principios de la función administrativa.

El 26 de septiembre de 2023, la Uspec emitió un comunicado a la opinión pública, en el que se había comprometido con dar cumplimiento al servicio efectivo y seguro de vigilancia electrónica.

La entidad precisó que la vigilancia prestada a través de brazaletes electrónicos está funcionando sin ninguna interrupción para unos 5.500 privados de la libertad.

“Para materializar la prestación efectiva y evitar el riesgo de interrupción del servicio, nos vimos en la necesidad de acudir a la figura jurídica de la ‘urgencia manifiesta’, mientras se adjudica el proceso licitatorio y se cumple con el periodo de transición entre el actual operador y el que resultase ganador del proceso de selección”, sostuvo.

Dicha determinación la tomó, luego de la terminación del contrato que mantenía con la empresa Buddi Limited Sucursal para mantener la vigilancia de los privados de la libertad con medida de casa por cárcel en el país.

La relación contractual que mantenía la Uspec con la firma finalizó el 25 de septiembre, y hasta ese momento no se logró concertar un nuevo acuerdo con ninguna otra empresa para quedarse con la vigilancia de los retenidos.

De acuerdo con la versión entregada por el director de esa entidad, Ludwing Joel Valero, el percance se presentó ante la decisión de no permitir las licitaciones con único oferente.

La Contraloría General de la República, por su parte, se ha opuesto en varias oportunidades a que la Uspec siga acordando contratos de manera directa y bajo argumentos como el de no contar con tiempo y recursos presupuestales suficientes para estructurar un proceso de licitación pública.

“No puede dejarse de lado el comportamiento reiterado de la Uspec, que desde el momento que declaró la primera urgencia manifiesta, esto es en el año 2019, argumenta que no contar con el presupuesto, ni con el tiempo suficiente para la planeación de un proceso contractual con garantías de pluralidad de oferentes y selección objetiva, y por contrario, sigue insistiendo en el uso de esta figura como mecanismo para acudir a la contratación directa”, dice una resolución de la Contraloría de enero de 2023.