La Contraloría General de la República realizó un estudio sectorial que arroja luces sobre el comportamiento de la inseguridad del país, en el cual evidenció un panorama no tan favorable en esa materia, a pesar de los considerables recursos asignados para combatir este flagelo de más de $220 billones entre 2018 y 2022.
El estudio, que aborda tres objetivos relacionados con la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, analizó la coherencia y relevancia de los mecanismos establecidos, principalmente, para su ejecución presupuestal y su impacto en la seguridad y la convivencia ciudadana en Colombia.
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Pese a que la Contraloría destacó la evolución del concepto de seguridad en América Latina desde los años 90, pasando de un enfoque meramente militarista a políticas de seguridad ciudadana que respondan a los cambios urbanos, migratorios y socioeconómicos en un contexto de seguridad humana, continúan persistiendo factores como la pobreza, la desigualdad y la falta de presencia estatal integral, que inciden directamente en la seguridad de las personas.
Otro factor clave que arrojó el estudio fue el conflicto armado, el cual aumenta la inseguridad en los territorios. Además, se señala el incremento de la desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad.
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Los hallazgos de la Contraloría
La Contraloría General de la República encontró falta de correspondencia entre el aumento del presupuesto destinado a Defensa y Policía, sin una reducción significativa en las conductas delictivas.
El ente de control fiscal subrayó la necesidad de abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral con un enfoque centrado en lo “humano”, teniendo en cuenta los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en materia de violencia e inseguridad, mediante la promoción de la justicia social y la reducción de la desigualdad como elementos esenciales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Adicionalmente, señaló la importancia de llevar a cabo una revisión integral de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, centrándose en la evaluación de su efectividad y en la identificación de posibles deficiencias en la planificación y ejecución de las inversiones relacionadas con la seguridad ciudadana.
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Finalmente, la Contraloría hizo un llamado para ejercer mayor control sobre la gestión fiscal y la utilización adecuada de recursos destinados a los programas y proyectos vinculados a esta política, con un enfoque particular en la Policía Nacional.
Pandemia por covid-19: punto variable en los indicadores de seguridad
De acuerdo con el ente de control fiscal, es evidente que el aumento del presupuesto destinado a Defensa y Policía, especialmente en el rubro de inversión, de casi el 40% entre 2018 y 2022, no parece haber generado una reducción significativa en las conductas delictivas, ni en el cumplimiento de los objetivos de la política durante el periodo analizado.
Por lo tanto, la Contraloría analizó en detalle el proceso de planificación, ejecución y seguimiento de las inversiones en el componente policial, identificando las posibles deficiencias que puedan estar obstaculizando la efectividad de los recursos asignados.
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Destacó que el comportamiento de los indicadores de seguridad varió significativamente durante la pandemia por covid-19 y el periodo posterior a ella. Así, en medio de las restricciones de movilidad, se observó una mejora sustancial en las condiciones de seguridad en la mayoría de los municipios y ciudades capitales del país.
Sin embargo, al levantarse estas medidas se produjo un aumento en el indicador inseguridad, lo que constituyó un empeoramiento de la seguridad en varios lugares del país, como Quibdó en el Chocó, Tame en Arauca, Valdivia en Antioquia y Puerto Lleras en el Meta, entre otros.
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