El 17 de octubre, a 12 días de las elecciones regionales en Colombia, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, presentó un informe que advertía que 533 candidatos a concejos y alcaldías podrían estar envueltos en inhabilidades para aspirar a los comicios del 29 de octubre. Este informe despertó revuelo y en la plenaria del Senado, en el preámbulo a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional la senadora Angélica Lozano hizo reparos a este informe acusando al Gobierno nacional de estar creando una policía política para perseguir a los partidos.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, contestó a estos señalamientos desmarcándose del informe de la oficina de Transparencia de la Presidencia y advirtiendo que el Gobierno nacional es respetuoso de la Constitución de 1991 y la ley, señalando que el único órgano, o entidad, que puede definir quién está, o no está habilitado para aspirar a un cargo de elección popular es el Consejo Nacional Electoral.
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Velasco también advirtió que los altos funcionarios del Estado deben ser cautelosos al expresar sus “opiniones” y dejó entrever, de nuevo, el deseo de reformar el Consejo Nacional Electoral:
Sobre el Consejo Nacional Electoral, el ministro Velasco advirtió: “Tan ese es un tema de debate público, que aquí mismo en el Congreso, nosotros no podemos pedirle a los senadores que frente a una decisión administrativa del Consejo Electoral no puedan seguir el debate, porque evidentemente lo continúa, pero ese es otro elemento”.
¿Una policía política?
Ante el señalamiento de la senadora Lozano de si se está creando una suerte de policía política, el ministro Velasco rechazó la acusación y dijo que ni la Presidencia, ni el presidente, ni los ministros buscan perseguir a nadie:
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También insistió en que el órgano que debe definir quién está habilitado, o no, para ocupar un cargo de elección popular es el Consejo Nacional Electoral, pues así lo ordena la ley y el Gobierno nacional es respetuoso de ella.
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