Comunidades indígenas de Colombia serán afiliadas por primera vez a seguridad y salud laboral

Desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que, por primera vez, las comunidades indígenas de Colombia serán afiliadas a riesgos laborales. De acuerdo con la cartera, el proceso inició con la comunidad del Resguardo Indígena Kankuamo en el departamento del Cesar.

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El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, quien visitó el resguardo ubicado en el municipio de Atanquez (Cesar) aseguró que la iniciativa se trata de un avance en materia de garantías de protección social a las comunidades ancestrales del país.

“Estamos aquí para explorar y compartir las mejores alternativas en materia de extensión y garantía de protección social del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y todo el ámbito de estándares del trabajo decente”, anotó el alto funcionario.

Como parte de la actividad, que se realizó en el salón comunitario conocido como ‘Óscar Carrillo Lúquez’, del municipio de Atanquez, paralelamente se realizó una feria de servicios con entidades del orden nacional.

La iniciativa convocada por la Dirección de Riesgos Laborales del MinTrabajo y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector agropecuario, contó con la participación de empleados del sector panelero, mujeres artesanas, trabajadores de productos pan coger y de los cabildos menores del Resguardo Indígena Kankuamo.

El Ministerio de Trabajo así mismo informó que como parte de la iniciativa, también están capacitando en seguridad y salud en el trabajo.

“Traemos la oferta de servicio del Gobierno nacional para, a través de un diálogo directo con la comunidad, establecer las principales demandas, desafíos y compromisos que debemos cumplir como Gobierno en este resguardo indígena”, subrayó el viceministro de Empleo y Pensiones.

En Colombia, según el último reporte del Ministerio del Trabajo, hay 12.4 millones de trabajadoras y trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, lo que, de acuerdo con la cartera, representó un incremento respecto al 2021, cuando la cifra fue de 11,4 millones.

“Las empresas también registran un aumento al pasar de 1′015.000 en 2021 a 1′081.000 en 2022, es decir, 66 mil nuevas compañías se vincularon al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL)”, indicó el Ministerio.

La cartera de Trabajo estima que desde la pandemia por covid-19 que afectó al país, en promedio un millón de trabajadores colombianos se han afiliado por año al Sistema General de Riesgos Laborales.

Ministerio de Trabajo descartó crisis por reforma pensional

En los últimos días el Ministerio de Trabajo estuvo en la mira luego de que, por el texto de la reforma pensional presentado al Senado de la República, surgieran dudas de si esto podría ocasionar una crisis pensional en Colombia.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se pronunció al respecto el viernes 13 de octubre asegurando que la misma cartera de Hacienda dio un concepto en el que dejó claro que lo que se propuso el Gobierno con la reforma pensional es alcanzable y por ende no representa un riesgo para los fondos pensionales en un mediano y largo plazo.

“Es muy importante resaltar el mensaje de responsabilidad fiscal y buen diseño técnico que esta propuesta de reforma trae consigo. Las y los colombianos pueden estar tranquilos sobre la sostenibilidad fiscal que plantea. El Ministerio de Hacienda en su concepto así lo manifiesta. La viabilidad fiscal de la reforma pensional respalda la sostenibilidad de esta iniciativa”, puntualizó la titular de la cartera de Trabajo.

Así se lee en el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda:

“La implementación de la propuesta de reforma consistente con las disposiciones del articulado de la ponencia para segundo debate, implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación, en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas”.

Así las cosas, la cartera de Hacienda subrayó que “Todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles, manteniendo la sostenibilidad del Sistema de Protección a la Vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo”.