El Gobierno del presidente Gustavo Petro instaló la Comisión para la Constatación de Identidad y Parentesco de Víctimas para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que condenó al Estado por el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Con esto, la Comisión busca identificar a las víctimas o familiares de las víctimas del genocidio del partido político ocurrido entre 1984 y 2004.
El presidente de la República, Gustavo Petro, emitió el Decreto 0542 de 2023, que designa a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como la entidad encargada de supervisar la ejecución eficiente y oportuna de las medidas de reparación dispuestas en la sentencia emitida por el organismo internacional.
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Así las cosas, el primer paso para la reparación a las víctimas de la UP se registró durante una ceremonia realizada en la Casa de Nariño, que contó con la asistencia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del genocidio; el presidente de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez Manrique; el ministro de defensa, Iván Velázquez; y el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osona, entre otros.
El ministro de Justicia aseguró que esta comisión busca garantizar su compromiso con la protección de los derechos humanos y el respeto a las garantías de las víctimas de la Unión Patriótica:
Según lo establecido por la Agencia Jurídica, el parágrafo 537 tiene como propósito la verificación de la identidad y las relaciones familiares de las víctimas mencionadas en los Anexos II y III de la Sentencia titulada “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”.
La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, también expresó el compromiso de la entidad con la reparación de las víctimas del exterminio al partido político:
La sentencia de la Corte IDH
El 30 de enero de 2023, la Corte IDH, condenó al Estado colombiano por el exterminio del partido político Unión Patriótica, que duró más de dos décadas y afectó a más de 6.000 miembros del partido, que fueron víctimas de una serie de actos de violencia “sistemáticos”, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, asesinatos y torturas que ocurrieron a partir de 1984 y que, se presume, se extendieron hasta 2004.
La Unión Patriótica se estableció como una organización política en 1985, después de un proceso de diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Este acuerdo permitió que la UP participara en actividades políticas de manera legítima.
La Corte Interamericana, cuya sede se encuentra en la capital de Costa Rica, llegó a la conclusión de que el Estado colombiano infringió los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión de los miembros de la Unión Patriótica. Esto se debió a que dichos individuos fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, simplemente por el hecho de pertenecer a ese partido y expresar sus opiniones políticas.
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