
La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que el trámite surtido por la reforma tributaria en el Congreso de la República estuvo acorde a la Constitución Política.
Ante la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público se pronunció sobre los posibles errores de procedimiento en la expedición de la ley.
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La alta funcionaria indicó que la votación de los artículos, que se realizó por bloques de disposiciones y no de manera separada, cumplió con los mandatos legales establecidos, pues ese mecanismo fue adoptado por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes y avalado por la mayoría de los miembros de las células legislativas.
Precisó que esa decisión no puede considerarse como arbitraria, pues “se trató de una determinación puesta a consideración de todos los congresistas, quienes estuvieron conformes con la organización del trabajo en agrupaciones de normas”.
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Por esa razón, en la discusión de la ley no se vulneró el principio de publicidad, pues los parlamentarios tuvieron la oportunidad de conocer el contenido de los informes de ponencia de manera previa a la fecha de la deliberación y aprobación, porque los mismos fueron publicados con anticipación en la gaceta del Congreso.
“De ahí que, en lo que tiene que ver con una insuficiencia de tiempo para revisar las ponencias alegadas por el demandante de la norma, se presenta como una opinión individual, la cual contrasta con la decisión de las mayorías que, ante las solicitudes de aplazamiento para un estudio más detallado de los textos, optaron por seguir adelante con las deliberaciones”, precisó Cabello Blanco.
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Sobre el trámite de conciliación, la procuradora sostuvo que se cumplieron los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso de la República, pues la comisión encargada de adelantarla estuvo conformada por el mismo número de parlamentarios de cada corporación.
Además, se acató la regla de conformación técnica, ya que los miembros de la comisión fueron precisamente los coordinadores de las deliberaciones en los debates, así como los encargados de elaborar las ponencias respectivas.
Agregó que el informe de conciliación fue debatido y aprobado ampliamente por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado, con lo que se respetó la regla de pluralidad en su discusión.
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Cabe recordar que la reforma tributaria es una de las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro que más tiene recursos legales en su contra. En total tiene 61 demandas ante la Corte Constitucional desde que fue sancionada, el 13 de diciembre de 2022.

De ese número, 26 ya fueron admitidas y otras cuatro fueron archivadas a otros expedientes, según el diario El Tiempo.
De las discusiones que se han dado sobre la reforma tributaria, las principales giran alrededor de la prohibición de deducir el pago de regalías para determinar el impuesto sobre la renta o sobre los responsables de pagar el impuesto a los plásticos de un solo uso, puntos polémicos por los cuales se ha solicitado que se declare inconstitucional la ley, al considerarla contrario a la Constitución.
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Además de los presuntos vicios de trámite, la deducibilidad de las regalías, impuestos en las bebidas azucaradas y plásticos de un solo uso; otras demandas tienen que ver con la medida que establece nuevas reglas para los usuarios de zonas francas en materia de renta.
Así mismo, se demandó el artículo que crea una contribución para los estudiantes del Icetex que no cuenten con subsidio de tasa otorgado por el Gobierno. Se alega que esta medida es inconstitucional, porque establece el nuevo impuesto al patrimonio desde los 3.180 millones de pesos.
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