El viernes 6 de octubre, a las 2 de la tarde, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer su decisión sobre si archiva o no el expediente penal que involucra a Álvaro Uribe en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Los magistrados deberán decidir si precluyen la investigación, como lo ha solicitado insistentemente la Fiscalía General de la Nación, o si sigue adelante, como lo solicitan las víctimas.
La primera solicitud de preclusión de la Fiscalía fue en marzo de 2021, pero en abril de 2022 la Juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, decidió que el expresidente debía ir a juicio. Aquel fallo fue apelado por la Fiscalía, pero el 23 de mayo pasado, la Juez 41 Penal del Circuito de Bogotá, Laura Estella Barrera, volvió a negar la solicitud del ente acusador.
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“La imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, a pesar de que la Fiscalía hizo todo el esfuerzo, no cuenta con elementos ni evidencia física que le permita derribar la presunción”, dijo la juez Barrera.
Ese nuevo fallo entró al despacho del magistrado Carlos Andrés Guzmán para su revisión. Él, junto con sus colegas Hermens Darío Lara Acuña y Dagoberto Hernádez Peña, discutieron el fallo durante 28 días y el próximo viernes darán su veredicto final.
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Los caminos que puede tomar el futuro judicial de Álvaro Uribe
Existen tres caminos que puede tomar el futuro judicial del exmandatario. El primero es que se tumbe el fallo de la Juez Barrera y se declare la preclusión, con lo cual el caso quedaría cerrado. Ante esto, dice el diario El Tiempo, las víctimas podrían interponer una tutela.
El segundo camino es que se acepte la preclusión sobre algunas conductas, pero no sobre el expediente completo. Y en el último escenario, que se confirme el fallo en primera instancia, con lo que el expresidente Uribe deberá ir a juicio por los delitos de los que se le acusa.
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De qué se acusa al expresidente Uribe: un caso que él mismo inició
El martes 4 de agosto de 2020, Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer expresidente en la historia de Colombia en tener que cumplir con una sanción de arresto domiciliario por las acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos en su contra. Él se declaró inocente y aseguró que todo se trataba de una persecución política en su contra.
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando el senador Iván Cepeda citó a un debate de control político a Uribe por presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes. Concretamente, Cepeda acusó a Álvaro Uribe y a su hermano, Santiago, de haber fundado el Bloque Metro, un frente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Como respuesta, el expresidente demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia acusándolo de buscar a antiguos paramilitares para que dieran falsos testimonios en su contra.
Ese tribunal investigó durante varios años al senador y en 2018 no solo decidió desechar las acusaciones en su contra, sino que abrió una investigación formal en contra de Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
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Presiones y contradicciones: el papel de Diego Cadena, ex abogado de Uribe
Uno de los testigos en el mediático caso de Álvaro Uribe es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC.
Monsalve fue llamado a testificar por Iván Cepeda y al principio dijo que en la finca de la familia del expresidente se planificaron algunas matanzas que luego fueron ejecutadas por los paramilitares. Sin embargo, luego escribió una carta en la que se retractaba de esas afirmaciones, y luego volvió a su posición inicial y dijo que se había retractado porque lo habían presionado.
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Supuestamente, según dijeron el mismo Monsalve y otros testigos, Diego Cadena, uno de los abogados de Álvaro Uribe, ejerció presión y ofreció pagos para que cambiaran los testimonios que involucraban a su cliente en delitos. Cadena reconoció haber entregado dinero a varios de esos testigos en forma de “ayuda humanitaria”. Actualmente, el abogado enfrenta juicio por esos hechos.
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