Varios congresistas presentaron el informe multipartidista ‘Del Capitolio al Territorio’ sobre el balance de la implementación del Acuerdo de Paz a casi siete años de la firma y un año del Gobierno Petro.
El panorama no es el mejor, pues a los legisladores les preocupa el deterioro en la seguridad, especialmente para los reincorporados y para los líderes sociales. También llamaron la atención por la lentitud en la indemnización de las víctimas, el estancamiento en la ruta de reparación colectiva, la baja ejecución de recursos en entidades clave para la implementación y el incumplimiento en la ejecución del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Por otra parte, los congresistas alertaron que hay varias leyes para una adecuada implementación de los acuerdos que siguen sin tramitarse. El informe indica que el 31,7% de las normas para implementar el Acuerdo siguen pendientes y que el Punto 1 del Acuerdo, sobre la Reforma Rural Integral, es el más atrasado.
Los encargados de elaborar el informe fueron los miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República, junto con la Fundación Ideas para la Paz (FIP). En él participaron congresistas como Humberto de la Calle, David Luna, Cristian Avendaño, Catherine Juvinao, Katherine Miranda, Daniel Carvalho, Jennifer Pedraza, Alirio Uribe, entre otros.
Los legisladores realizaron más de treinta visitas a los territorios más afectados por la violencia e hicieron un seguimiento a indicadores de las políticas que desarrollan el Acuerdo de Paz.
Aspectos que preocupan a la Comisión
Baja ejecución de recursos: para la Comisión hay una baja ejecución de recursos en entidades de entidades clave como la ANT, ART y UARIV, así como la subejecución de recursos, “18,6% de lo planeado en Marco Fiscal Mediano Plazo: deberían ser $4,67 billones al año”, se lee en el informe.
Seguridad: los congresistas piden mejorar las condiciones de seguridad en los PDET y en municipios PNIS. “Desde la firma del Acuerdo en 2016, el 2022 ha sido el año con mayor número de líderes y de defensores de DDHH asesinados (215), siendo Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo los departamentos con mayor número de víctimas”, señala el informe y añade que 28 excombatientes han sido asesinados en 2023.
Acceso a la tierra: si bien el informe reconoce que el Gobierno nacional ha destinado más recursos a la formalización de tierras, aclara que el Gobierno solo ha entregado el 13,7% de las que han entrado al Fondo de Tierras entre agosto de 2022 y mayo de 2023.
Drogas ilícitas: el informé indicó que continúa el incumplimiento que se viene registrando desde los dos gobiernos anteriores sobre implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). “Solo el 3,5% de las familias han recibido la totalidad de recursos de proyectos productivos de ciclo corto”, se lee en el documento.
“Las personas terminan retornando a los cultivos porque no es sostenible el proyecto al cual intentaron migrar, entonces ahí hay una falencia institucional y en materia de implementación”, manifestó el representante por la Alianza Verde, Cristian Avendaño.
Verdad, justicia, reparación y no repetición: los congresistas resaltaron que los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición desarrollan sus labores, pero pidieron que se agilicen sus resultados. Dijo que la JEP no ha emitido ninguna sanción en contra de los responsables del conflicto y le pidió la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas fortalecer sus mecanismos de búsqueda.
“A mayo de 2023 había recibido 22.211 solicitudes de búsqueda e identificado a 103.955 personas desaparecidas. Al respecto, la UBPD afirma que a mayo de 2023 había recuperado 811 cuerpos, que se suman a 289 recuperados por otras entidades”, explica el informe.
Rezago en la implementación de las leyes: además de resaltar que el Punto 1 del Acuerdo es el más atrasado en cuanto a la implementación de leyes, la Comisión de Paz del Congreso explicó que también hay un rezago en materia legislativa en cuanto a la reforma política, el sometimiento de grupos de crimen organizado a la justicia, el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores (cultivos ilícitos), el estatuto de lucha contra el lavado de activos y la reforma a la ley de víctimas.
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