Delegación del Gobierno sigue contemplando un cese al fuego con el Estado Mayor Central a pesar de los recientes atentados con carro bomba

Pese a los reclamos y preocupaciones por los recientes ataques del Estado Mayor Central con carro bomba, cerca de las estaciones de policía de los municipios de Timba (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca); el jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las guerrillas al mando de Iván Mordisco, Camilo González Posso, explicó que sigue en pie el cese al fuego, programado desde el 8 de octubre y durante 10 meses, con esta guerilla.

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Así lo dio a conocer en entrevista para el diario El Tiempo, luego de que el miércoles (20 de septiembre) y el viernes (22) detonaran dos carros bomba, a unos cuantos días de sentarse en la mesa de acuerdos con el Gobierno Nacional.

Ambas acciones pretendían afectar a la fuerza pública, pero, a la larga, fueron civiles quienes resultaron heridos y –para el caso de Timba– desplazados, por cuenta de los destrozos causados a sus viviendas.

Aun así, frenar o aplazar la medida del cese al fuego “no se ha contemplado”, pero, según dijo el exdirector de Indepaz para el medio citado “si se presentara una escalada donde haya afectaciones a la población civil, daños a la infraestructura de hospitales y de escuelas, por supuesto, que la presión social y la indignación sería muy grande y eso podría torpedear muchísimo el camino hacia la instalación de la mesa”.

Sin embargo, Posso fue enfático en que desde el Gobierno condenan ambos atentados, al igual que toda acción bélica que pueda poner en riesgo la vida de los colombianos:

Ambos habrían sido “condenados de manera abierta por nosotros, por el Gobierno, por el Alto Comisionado y por todos los sectores. Forma parte de esas acciones supuestamente de confrontación armada, pero que en la práctica dañan a civiles, generan terror entre la población y por supuesto, que son completamente contrarias a cualquier principio del DIH”.

Pero en el cese al fuego ven una oportunidad para medir la voluntad de paz de las disidencias al margen del proceso de paz del 2016 con el Gobierno Santos y, también, qué tanto control ejercen los cabecillas sobre las diferentes estructuras.

Y es que, tras el ataque a Jamundí, en el que al menos cinco civiles resultaron heridos, el Estado Mayor ordenó “a todos los frentes, columnas y compañías pertenecientes a las FARC-EP suspender las acciones ofensivas en todo el territorio nacional contra la fuerza pública (…) desde el día de hoy 22 de septiembre hasta el día 8 de octubre cuando se pretende inicie a regir el decreto de cese al fuego”.

En concreto, y de acuerdo con las declaraciones entregadas a El Tiempo, esperan ver “la capacidad de disciplina con todas sus estructuras. Pienso que todo va en dirección de que se cumpla y que eso nos permita llegar a la reunión del 8 con un ambiente más propicio, porque lo que se viene dando en el departamento del Cauca es prácticamente un chantaje a la voluntad de la gente”.

Lo anterior, entendiendo que cuentan con nuevas herramientas de monitoreo y prevención tras el cese al fuego fallido que el presidente anunció antes de que terminara el 2022 con el EMC y otras cuatro organizaciones, del 1 de enero al 30 de julio del 2023.

“Ha habido un proceso de preparación en el que se tiene en cuenta la experiencia de un año de exploraciones e incluso también la propia experiencia de lo que se hizo con ese cese del fuego. Además, analiza las condiciones por las cuales se declaró suspendido en aquel momento en cuatro departamentos y que luego en la fase final entró en el limbo. Entonces, se trata de establecer reglas del juego también para la suspensión o la terminación de ese cese, pero también para la prórroga. En conclusión, se trata de aprovechar las experiencias anteriores para dar las reglas en el proceso”, precisó Posso en conversaciones con el medio citado.