Al menos dos miembros del clan del Golfo habrían estado entre los militares que agredieron a la comunidad de Tierralta, Córdoba

Ante los graves hechos ocurridos el 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso del municipio Tierralta (Córdoba), el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y varios funcionarios de la Procuraduría y la Fiscalía se desplazaron hasta ese lugar para iniciar las investigaciones sobre lo sucedido.

La información que se logró recoger es de gran importancia, pues según pudo establecer el diario El Tiempo, los pobladores han insistido en que al menos dos miembros del clan del Golfo habrían estado entre los militares responsables de las intimidaciones a la población civil.

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Además, una fuente del Gobierno indicó al medio citado que, al parecer, los campesinos habían acabado de vender un gran cargamento de cocaína que les había significado una fuerte suma de dinero, y que los uniformados que llegaron hasta la vereda presuntamente iban tras ese ‘botín’.

Varios campesinos habrían confesado que siguen comercializando con coca para poder sobrevivir, a pesar de que sus precios han caído debido a la gran cantidad de hectáreas que hay sembradas actualmente. Las autoridades indicaron que los militares posiblemente se llevaron dinero, algunas joyas y víveres.

Posibles nexos entre grupos criminales y militares en la zona

Esa información entregada por los campesinos a las autoridades mostraría algo que ellos mismos denunciaron: en la zona habría nexos entre miembros del Ejército y grupos criminales de la zona. De la misma forma, la comisión investigadora busca determinar si el oficial a cargo del Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín” de la Décima Primera brigada habría perdido el control de sus subalternos.

Sobre los presuntos nexos entre militares y grupos criminales, los pobladores aseguran que hombres que portan chalecos azules y que dicen pertenecer a una ONG tienen información. Así lo aseguró en diario El Tiempo.

Por miedo a represalias, los pobladores se fueron de la zona

Aquel medio de comunicación reportó que, por miedo a represalias de los militares, al menos 600 pobladores de la vereda Bocas del Manso se fueron de allí hacia un campamento cercano. “Todos los días vemos al Ejército, ellos están alrededor, no nos han dicho nada ni nosotros a ellos, pero tenemos miedo de que ahora que empezaron a suspenderlos de la institución empiecen las represalias en nuestra contra”, le dijo el líder de la comunidad a ese diario.

Además, alertó que la comunidad necesita agua y medicinas, puesto que hay personas deshidratadas y con diarrea. “Nos dijeron que el 27 de septiembre llegaría una brigada médica, pero no podemos esperar tanto tiempo”, le dijo la misma a El Tiempo.

Ministro Iván Velásquez pidió perdón

En su visita al municipio de Tierralta, el ministro Iván Velásquez pidió perdón públicamente a las comunidades de la zona por la incursión armada perpetrada por uniformados adscritos a la XI Brigada del Ejército, que incluyó amenazas contra campesinos, menores de edad y líderes sociales.

Durante el miércoles 20 de septiembre, el alto funcionario viajó hasta la zona donde ocurrió el hecho para excusarse con la población y manifestar la disposición de la cartera y el Gobierno nacional en mejorar el vínculo con las comunidades más vulnerables para evitar estos hechos, que fueron calificados como avisos de un “resurgir del paramilitarismo”, según el presidente Gustavo Petro.

Velásquez Gómez recordó que, tan pronto se confirmó que los sujetos armados eran soldados que se hicieron pasar por integrantes de disidencias Farc para intimidar a la población, fueron tomadas medidas desde el Ejército Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares.

“Nuestra decisión de venir a hablar con ustedes es, en primer lugar, expresar el rechazo desde el Gobierno de cualquier acto de cualquier miembro de fuerza pública que afecte las comunidades”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa Nacional al respecto.

De paso, insistió en que una de las propuestas banderas de la cartera y el jefe de Estado fue mejorar las relaciones entre las Fuerzas Militares y de Policía con las comunidades para garantizar la seguridad ante la violencia originada por estructuras ilegales.