La denuncia de la Superintendencia de Industria y Comercio se conoció a través de un documento en donde se reseñan a más de 20 dirigentes del fútbol profesional colombiano.
Según las investigaciones de la Superintendencia, habría amaños entre los clubes para unificar los salarios de las jugadoras de la liga femenina de fútbol; igualmente, no habría un libre mercado para las deportistas, en contraste con lo que sucede con este deporte en la rama masculina, en donde se maneja un formato distinto.
Los clubes que serán investigados son: Real Cartagena Fútbol Club, Club Deportivo Real Santander, Independiente Santa Fe, Patriotas Boyacá, Asociación Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Club Deportes Tolima, Club Deportivo Popular Junior, El Equipo Del Pueblo (Medellín), Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club, Club Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Fortaleza Fútbol Club, Club Deportivo Atlético Huila, Orsomarso Sport Club, Club Deportivo Pereira, Bogotá Fútbol Club, Atlético Nacional, Millonarios F.C., Asociación Deportivo Cali., Alianza Petrolera, Envigado Fútbol Club, Cortuluá Fútbol Club, Club Deportivo La Equidad Seguros, Cúcuta Deportivo Fútbol Club, América De Cali, Club Deportivo Atlético Fútbol Club, Once Caldas S.A y Club Llaneros.
Así como los dirigentes:
- Jorge Enrique Vélez García
- Fernando Jaramillo Giraldo
- Carlos Alberto Barato Méndez
- Luis Eduardo Méndez Bustos
- Diego Fernando Perdomo Rojas
- Carlos Mario Zuluaga Pérez
- Óscar Ignacio Martán Rodríguez
La apertura de pliego de cargos busca constatar si los equipos en cuestión y varios de los dirigentes del fútbol colombiano, habrían establecido un modelo de contratación para las jugadoras del fútbol femenino, es decir, se presume que se habría creado una estandarización en lo que corresponde al mercado femenil dentro del futbol colombiano e, incluso, el documento señala que esto posiblemente se discutió desde la misma Dimayor.
La Superintendencia de Industria y Comercio alega que los lineamientos posiblemente establecidos, generan una distorsión directa en lo que corresponde al desarrollo de una competencia limpia y transparente.
“Reconocer únicamente lo mínimo en relación con algunos aspectos laborales de las jugadoras, como el salario y el término de duración, entre otros. El reproche consistiría en que alinear las condiciones contractuales entre competidores puede generar una distorsión en el mercado, impidiendo que la dinámica de competencia se desarrolle”, cita el documento.
En lo que corresponde a los detalles de los supuestos y oscuros acuerdos, la Superintendencia señaló que se habrían establecido acuerdos para el pago de salarios a las jugadoras, mediante la aplicación de una tabla de remuneraciones y ahí, eran encajadas las deportistas, estableciendo topes en los pagos; claramente, lo anterior hace parte de las presuntas hipótesis que se tienen de momento.
“El acuerdo sobre el valor de los salarios de las jugadoras de fútbol profesional femenino. Desde las Juntas de Competencia y la Asamblea General de clubes de la DIMAYOR, los clubes de fútbol profesional que han participado en la liga femenina colombiana habrían fijado una tabla de salarios según la cual, de acuerdo con la categoría en la que encajara la jugadora, se determinarían los topes salariales a los que tendrían derecho como remuneración por sus servicios profesionales”, reseña el texto.
Como detalle que involucraría a la Dimayor, la entidad habría presumido que el fútbol femenino se asemejaba a una carga para el balompié nacional por los salarios de las jugadoras, razón por la cual, se procedería con la contratación de jugadoras de otros países para disminuir costos.
Las posibles sanciones
En la rueda de prensa, la SIC explicó que dentro de los topes que se habrían establecido en los acuerdos, supuestamente se tenía pensado pagar un máximo de 4.5 millones de pesos a las jugadoras, situación que en comparativa con el fútbol masculino es irrisoria, teniendo en cuenta que un deportista puede incluso a ganar hasta 300 millones de pesos.
Así mismo, las multas para los equipos podrían ser millonarias e incluso, afligir de manera directa sus finanzas, pues en caso de comprobarse una infracción, cada club deberá pagar hasta 116 mil millones de pesos, claramente, por cada hecho revelado.
Así como el seguimiento que se le está realizando al contrato de televisión con Win Sports, en donde presuntamente, mediante algunas conductas se habría limitado la expansión del deporte femenino al remplazar algunos partidos por competiciones de carácter masculino.
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