JEP evaluará el reconocimiento de 10 exintegrantes de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que hará una evaluación de los aportes a la verdad y testimonios entregados por antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad.

A través de un pronunciamiento emitido el jueves 21 de septiembre, el tribunal precisó que hará una revisión al archivo de reconocimiento de 10 excombatientes de la antigua guerrilla sobre la imputación impuesta en julio de 2023 sobre los crímenes investigados en el macrocaso 01 (toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Con esto, la Sala determinará si estos comparecientes son enviados al Tribunal para la Paz para la imposición de sanciones propias.

Vale mencionar que los exguerrilleros sometidos ante la JEP por hechos como atentados contra la dignidad, tratos crueles e inhumanos, toma de rehenes, homicidio y otros son Luis Eduardo Rayo, alias Marlon; Enoc Capera Trujillo, Giovanni; Jhon Jairo Oliveros Grisales, Armando Pipas; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gonzalo; Édgar Ramírez Medina, Onofre Camargo; Víctor Hugo Silva, Erick o El Chivo; Raúl Agudelo Medina, Olivo Saldaña; Wilson Ramírez Guzmán, Teófilo; Álvaro Henner López, J.J o Jhon Jairo Paz Guevara’; y Gustavo Bocanegra Ortegón, alias Donald.

En el documento a analizar, los comparecientes reconocieron plena participación y total responsabilidad en la toma de rehenes y crímenes concurrentes cometidos durante el tiempo que pertenecieron al Comando Conjunto Central, tanto en Tolima como en varios municipios de Huila y Quindío.

De esta manera, fueron adheridos “al proceso de reconocimiento ya adelantado por el último Secretariado de las antiguas Farc-EP”, según el archivo en poder de la Sala y que correspondió a una respuesta al primer auto territorial sobre Determinación de los Hechos y Conductas emitido por esta instancia dentro del macrocaso 01.

En la decisión, la JEP verificó la existencia de evidencia suficiente para determinar que esa facción de la extinta guerrilla sí cometió los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos; así como los de lesa humanidad otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y demás conductas inhumanas.

De igual manera, la Sala identificó que el Comando adoptó una política centrada en financiarse a través de los secuestros y la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, encargada de crear un sistema de extorsión y toma de rehenes “para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al secretariado de esa extinta guerrilla”.

Otros detalles de la carta de reconocimiento de los exFarc

Los antiguos integrantes del Comando también revelaron que el documento fue remitido a la Sala debido a la participación “constante y activa” en todos los escenarios dispuestos por el tribunal de justicia transicional para el abordaje del macrocaso 01.

“Haciendo uso del plazo determinado para dar una respuesta a esta providencia, nos dimos a la tarea de trabajar colectivamente y de forma muy juiciosa en la construcción de una respuesta clara, completa, profunda y restaurativa, que cumpla con la verdad de lo ocurrido”, manifestaron también en el texto.

Incluso, reconocieron el auto 01 de 2023, en el cual fueron identificados los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que también cometieron omisiones a la hora de controlar y sancionar los malos tratos contra quienes fueron secuestrados, incluyendo las afectaciones a la dignidad humana.

En agosto de 2022 se llevó a cabo la audiencia de observaciones de víctimas sobre las versiones entregadas por los excombatientes imputados. Varios de los que sufrieron daños por la estructura insurgente exigieron mayores aportes a la verdad en relación con las secuelas que quedaron en la salud mental de agentes de la fuerza pública y civiles secuestrados.