Un reporte elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo evidenció un notable aumento en los conflictos poblacionales entre enero y agosto de 2023. En total, en ese periodo fueron registrados 1.080 hechos de este tipo, 34% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando fueron presentados 804.
De acuerdo con la entidad, estos hechos ocurrieron en 310 municipios de 30 departamentos del país, siendo Bogotá la principal zona con mayores índices de conflictos sociales (15% del total de los registrados), seguido por Magdalena, Santander y Bolívar, cada uno con el 7%. Antioquia apareció también en el listado Antioquia con el 6%, Valle del Cauca y, La Guajira y Atlántico con el 5%, y Cauca y Santander con el 4% del total de los hechos acontecidos en el periodo estudiado.
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Ante ese panorama, el defensor Carlos Camargo hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para establecer medidas concretas que permitan una disminución de hechos de este tipo en lo que queda de año. “Lo hemos dicho en distintos escenarios: es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza”, aseguró el funcionario.
Al respecto, sostuvo también sostuvo que los civiles son los primeros y mayores afectados producto de los conflictos sociales generados, en muchas ocasiones, por falta de diálogo y presencia estatal.
El informe también detalló que durante el año, los conflictos que tuvieron más incidencia fueron los laborales, con un 16% sobre el total de casos registrados por la Defensoría, seguido por los derivados en la ausencia de garantías sobre el derecho a la educación.
Las disputas por la inversión social o falta de presencia institucional tuvo el 12% de hechos y las presentadas en el sector transporte tuvieron un 11% de incidencia, al igual que los conflictos por el derecho a la vida, integridad y seguridad.
Los mecanismos más usados por la ciudadanía para mostrar inconformidad
Los bloqueos o cortes de ruta fueron, para la Defensoría, las medidas más utilizadas ante las omisiones de particulares o el Estado. En el 40% de los conflictos registrados se emplearon este tipo de vías, reflejando un aumento del 100%; seguido por los plantones o concentraciones (28%); las movilizaciones y marchas (13%); los paros cívicos o el cese de actividades —laborales o educativas— (7%); la toma u ocupación de instalaciones y otros hechos (4%).
Con respecto a las zonas donde se realizaron bloqueos, varios de estos se realizaron en la vía Panamericana con afectaciones en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. También en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte con ocasión a temas ligados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis); así como crisis humanitarias y atención estatal.
“Por otro lado, la ocupación o toma de instalaciones incrementó 100%; las huelgas de hambre: 143%, y los paros cívicos/cese de actividades: 114%”, detalló la entidad. Al respecto, manifestó que si bien entre enero y agosto de 2023 hubo una convocatoria del Gobierno nacional a las movilizaciones sociales en favor de las reformas planteadas por la administración Petro, al igual que las hechas por la oposición, esta dinámica arrojó una reducción del 5%.
Así las cosas, Camargo Assis instó al Ejecutivo y las autoridades correspondientes “para que realice un seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos firmados en los diálogos con las diferentes comunidades y organizaciones sociales”. De paso, instó a las autoridades a prevenir nuevas conflictividades que deriven en situaciones de orden público de complejo manejo.
“Continuaremos impulsando los espacios de diálogo, cuando haya lugar a ello, entre los distintos actores sociales e institucionales, en aras de propiciar la interlocución y la concertación para la búsqueda de salidas y respuestas a las demandas ciudadanas”, concluyó el funcionario.
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