Problemas con los pasaportes: Cancillería ordena urgencia manifiesta y le da responsabilidad a funcionario denunciado

Hay mucha preocupación en los organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo porque en 15 días Thomas Greg, el actual contratista encargado de la impresión de pasaportes, cesará sus labores y no habrá quién garantice el derecho a la identidad a los colombianos que están en el exterior y a la libre movilización.

Aquella firma había obtenido el máximo puntaje en la nueva licitación, pero se declaró desierta el pasado 14 de septiembre debido a los reparos que se presentaron por posibles irregularidades en el proceso.

Mientras tanto, algunos consulados ya empezaron a alertar la falta de pasaportes. Por eso, la Cancillería declaró urgencia manifiesta por 12 meses para contratar directamente a una empresa que se encargue del servicio.

Se esperaba que, el viernes 15 de septiembre, la cartera presentara su plan de acción y de contingencia ante el inminente riesgo que representa la salida de Thomas Greg, pero no fue así. Lo que sí pasó fue que en la Resolución en la que se declara urgencia manifiesta, el canciller Álvaro Leyva ordenó “a las dependencias competentes el inicio de trámites presupuestales de ley para garantizar los compromisos que se adquieran a futuro con la celebración del contrato a que haya lugar”.

De acuerdo con una fuente consultada por el diario El Tiempo, eso significa que “le devolvió ‘la papa caliente’ a su secretario Salazar, cuestionado por Casa de Nariño y denunciado ante la Fiscalía”.

El funcionario al que se refiere la mencionada fuente es el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que ya había sido separado del proceso licitatorio por Leyva debido a que es señalado de irregularidades.

Las denuncias contra Salazar y otros dos funcionarios se registraron por el convenio firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en noviembre de 2022 para la “revisión de las especificaciones técnicas del proceso contractual” para la elaboración de los pasaportes en Colombia.

Según las denuncias, aquellos funcionarios habrían hecho caso omiso a las recomendaciones de la Oaci y expidieron el pliego de condiciones para abrir la licitación, que fue cuestionada por supuestamente favorecer a Thomas Greg & Sons. Se alega que el pliego estableció condiciones de imposible cumplimiento para cualquier otro proponente que quisiera concursar.

El apoderado de esa firma, el abogado Juan Pablo Estrada, dice que se violaron las normas de contratación estatal y que la Cancillería no dejó claro por qué se declaró desierto el proceso de licitación. “El oferente satisfizo las exigencias que libremente estableció la Cancillería (…) Canciller, usted está diciéndole al país que hizo mal el pliego (…) la resolución de desierta debe ser revocada, porque usted carece de competencia”, manifestó el jurista.

En la contraparte a Thomas Greg, que ha obtenido el contrato de impresión de pasaportes desde 2007, hay multinacionales como la imprenta alemana Veridos, la francesa IN Groupe y el consorcio colombo-luso Cadena.

Thomas Greg ha obtenido desde aquel año presuntas facilidades licitatorias que colmaron la paciencia del bloque de multinacionales, por lo cual han enviado denuncias con pruebas a la Registraduría y la Fiscalía. Como la firma fue la única que quedó en el reciente proceso, el canciller Álvaro Leyva decidió declarar desierta la licitación.

En respuesta, la firma anunció el jueves pasado una demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores por 100.000 millones de pesos. En un comunicado difundido a la opinión pública en conjunto con su socio, el Grupo Thales de Francia, la firma manifestó su confianza en la “institucionalidad, en el respeto y apego a la ley de contratación del Estado colombiano, todo lo anterior en beneficio y protección del interés general, los derechos de los ciudadanos y la prestación ininterrumpida de expedición de pasaportes”.