
Se conoció de un nuevo proceso investigativo en contra de la Alcaldía de Medellín, por un contrato con la Universidad Nacional, cuyo principal objetivo es la gestión de estrategias comunicacionales, y con un monto de cerca de 9 mil millones de pesos.
Dentro del informe de la supervisión se evidencian dos vínculos. En uno de ellos se hace alusión a los supuestos drive y sus archivos que fueron reportados en redes sociales, y también en algunos videos en los que aparecían el candidato a la Alcaldía Juan Carlos Upegui, junto a por lo menos tres candidatos al concejo municipal, todos ellos afines al alcalde Quintero, lo que podría ser participación directa en política del alcalde de Medellín.
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Por este motivo la Procuraduría pidió explicaciones: “La Procuraduría requirió a la administración municipal copia del contrato firmado, los informes de interventoría y los soportes contables donde se evidencie la cadena presupuestal del documento suscrito…”
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Por lo menos son otros 20 procesos abiertos en contra la administración de Medellín, entre los que hay disciplinarios y jurídicos. Ante tal situación algunos expertos se pronunciaron por la situación vivida por Quintero, advirtiendo que ningún gobernante del país había tenido esa cantidad de procesos abiertos al tiempo.
El experto en derecho administrativo Andrés Úsuga, explicó a Blu Radio que “ni siquiera el difunto Samuel Moreno tuvo tantas investigaciones abiertas disciplinariamente, ni Juan Martín Caicedo Ferrer u otros alcalde de la ciudad de Bogotá”.
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Con ese número de investigaciones, la pregunta que muchos atinan a hacerse es sobre el por qué hasta la fecha no hay avances en ninguno de estos procesos. Para el exprocurador de Antioquia y presidente del Colegio colombiano de abogados disciplinarios, David Roa, esta situación “tiene que ver con la incertidumbre jurídica que se generó en el año 2020 con el fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde advirtió que la procuraduría no podía restringir derechos políticos a esta clase de servidores por ser una entidad de carácter administrativa”.
Mientras que por su parte, Andrés Úsuga explica que “en el tema del derecho penal, esto es fiscalías y jueces penales, están absolutamente congestionados de denuncias y de casos, y tampoco están avanzando”.
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Por el momento el único proceso administrativo que ha sido objeto de alguna sanción para Daniel Quintero es el recordado “cambio en primera”, por el que el actual alcalde fue suspendido de sus funciones por dos meses por haber participado en política.
Otros procesos en curso contra Daniel Quintero
Algunos de los procesos que pesan sobre el burgomaestre de Medellín tienen que ver con hechos ocurridos antes de llegar al cargo, entre estos se encuentran algunos que tienen que ver con las Empresas Públicas de Medellín (EPM), y uno de los proyectos bandera de su gestión en esa entidad, el denominado “Valle del Software”, y con la declaración de renta presentada por Quintero en el año 2019.
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Los dos primeros se encuentran en etapa de indagación, y fueron conocidos el pasado 9 de enero, en el momento en el que el mandatario aún estaba disfrutando de sus vacaciones. Por su parte el que está relacionado con EPM, la investigación que hizo el Ministerio Público vincularon a Quintero y a Jorge Andrés Carrillo, gerente de la empresa, en un proceso por una supuesta omisión que tuvieron en el momento de asegurar, contra todo riesgo, al proyecto Hidroituango durante el periodo de vigencia 2021.
El otro tiene que ver con el del “Valle del Software”, uno de los proyectos insignia del mandatario de La Alpujarra. Por este caso el órgano de control busca establecer si hubo anomalías durante la ejecución del proyecto, ya que según se informó presuntamente no se había cumplido la entrega de 21 centros territoriales, con los que Medellín intenta fortalecer la innovación y el uso de tecnologías de punta.
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Así mismo, otro caso de la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, tiene que ver con que el actual mandatario de Medellín, al parecer, presentó su declaración de renta en 2019 de manera extemporanea.
Entre 2020 y 2022, se presentó una por supuestas manifestaciones injuriosas por medio de su cuenta de X (antes Twitter), en las que al parecer hizo una mención a Pablo Escobar, y otra por haber participado en política durante la época electoral que se llevó a cabo el año pasado.
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En esa ocasión se le escuchó decir la polémica frase “el cambio en primera”, justo cuando se llevaba a cabo la campaña hacía la Presidencia en la que estaban participando los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.
Otras de las investigaciones que Quintero tenía hasta 2022 están relacionadas con la presunta irregularidad que hizo el alcalde al elegir a Alejandro Calderón como gerente de EPM, pues según indicó el ente investigador, este no habría cumplido todos los requisitos.
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A estas indagaciones se le suman las recientes que tienen que ver con el uso indebido de los recursos de la caja menor de la Alcaldía, para gastos en restaurantes prestigiosos de la ciudad, supermercados, entre otros.
Y el más reciente que tiene que ver con su presunta participación directa en proselitismo político en la campaña de Juan Carlos Upegui, quien es candidato a la Alcaldía de Medellín.
En ese orden Quintero no solo está en el ‘top’ tres de los alcaldes que tienen más investigaciones abiertas ante la Procuraduría, sino que lleva un cabeza a cabeza con el alcalde de Cartagena, William Dau.
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