
Firmantes de paz hicieron un plantón al frente de la Fiscalía General de la Nación (FGN) el miércoles 6 de septiembre, por el incremento de la violencia que se ha reflejado en el asesinato selectivo de reincorporados que hacían parte de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
“Este que es nuestro Gobierno, porque somos partido de Gobierno (Partido Comunes), cumpla con el acuerdo, como se comprometió, en particular, con las medidas de seguridad, con las medidas de vida, y con las garantías de seguridad para hacer política”, expresó en el plantón el representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Partido Comunes, Luis Alberto Albán Urbano.
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De acuerdo con los datos presentados por los reincorporados, 396 firmantes de paz han sido asesinados desde que entró en vigencia el Acuerdo de Paz en 2016, hasta el 06 de septiembre de 2023.
Uno de los más recientes homicidios de reincorporados ocurrió en Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño), el 23 de agosto de 2023, según reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Se trata de Neftalí Orobio Venté, que estaba participando en un proyecto productivo colectivo piscícola de Asobalsitas como parte de su proceso de reintegración.
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La información sobre el caso indica que su cuerpo fue encontrado el 25 de agosto cuando su familia salió a buscarlo. Se desconoce a las personas responsables de su asesinato, pero, de acuerdo con Indepaz, en la zona hace presencia el Frente 30 Rafael Aguilera del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y demás estructuras de carácter local.

Orobio Venté sería entonces el firmante de paz número 28 asesinado en lo corrido de 2023, y el número 384, desde que se firmó el acuerdo.
Además, el 30 de agosto de 2023 el excombatiente Marino Molina Cruz, que además es un funcionario adscrito al Partido Comunes, fue víctima de un atentado en Bogotá. El firmante de paz fue atacado con múltiples disparos en su residencia, ubicada en el barrio San Rafael de la localidad de Puente Aranda.
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Molina Cruz no resultó herido gracias a la reacción de las autoridades, pero dos de sus escoltas sí, identificados como Flor Lozano y Uberley Mendoza.
Así las cosas, 31 de agosto los firmantes de paz también hicieron un plantón en frente del Ministerio del Interior, exigiendo garantías de seguridad para los excombatientes que se acogieron al Acuerdo Final de Paz. La manifestación frente a las instalaciones de la Fiscalía sería un nuevo momento para dar a conocer sus peticiones.
“Hay una jornada de resistencia para decirle al mundo, para decirle a las autoridades competentes, para decirle al Gobierno nacional, que nosotros firmamos un Acuerdo de Paz, en el espíritu y en la intención de contribuir de manera efectiva a la solución de los múltiples problemas que tiene la sociedad colombiana. Entre ellos, la desigualdad, la marginalidad, a la que se han visto abocados los campesinos de Colombia, víctimas del conflicto”, dijo uno de los manifestantes.
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Además, el representante a la Cámara Albán Urbano dijo que todos aquellos reincorporados que hacen política no dejarán de ejercer su derecho a pesar de las intimidaciones y ataques a la integridad y la vida que se han registrado en su contra.
Pidió entonces a la Fiscalía que se encargue de investigar los hechos, pero no con el objetivo de “curar” y de “dar explicaciones que no sirven”, sino de prevenir.
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