El defensor del Pueblo insiste para que se garanticen los Derechos Humanos de los migrantes a EE.UU. desde Colombia

Nada frena la crisis humanitaria que están padeciendo en la frontera entre Colombia y Panamá por cuenta del crecimiento exponencial de migrantes, de todos los rincones del planeta, que se arriesgan a cruzar la hostil selva del Darién para llegar a Estados Unidos y cuya travesía inicia en los departamentos de Antioquia y Chocó que colindan con el hermano país, donde pasaron 320.098 persona entre enero y agosto de este año, de acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno panameño.

De hecho ya se superaron a los 248.284 viajeros que cruzaron la frontera durante todo el año pasado y que, además, duplicó a la cantidad de migrantes de 2021, que se estimó en 133.726 personas, por lo que en Panamá elevaron esta situación a un problema de seguridad nacional y no descartan cerrar el ingreso al territorio selvático.

Ante la situación el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, insistió nuevamente en que desde el Estado colombiano se tomen medidas de fondo para que se garanticen los derechos humanos de estas personas que van en la búsqueda del ‘Sueño Americano’.

“El Gobierno (colombiano) debe revisar las medidas que debe adoptar pero no pueden ser pañitos de agua tibia, tienen que ser medidas de fondo”, señaló en una entrevista a la agencia de noticias española EFE.

El funcionario, sin embargo, reconoció que esta problemática no es solo del país, sino que es transcontinental, por lo que no solo era una exigencia al gobierno Nacional.

“En julio, por ejemplo, cruzaron 57.387 personas de distintas nacionalidades, una cifra visiblemente mayor frente a la registrada en julio de 2022 cuando cruzaron la frontera 29.722 migrantes”, explicó.

Sin embargo, la Defensoría reconoce los límites de fortalecer esta presencia institucional, pues el Darién es una zona con acceso limitado ya no solo por las circunstancias de la propia selva -ríos, montañas, animales peligrosos- sino porque ahí “ejercen el control territorial las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Clan del Golfo”.

“Ya hemos visto suficientes episodios desafortunados de manera de que el llamado que hacemos a los grupos armados ilegales es que necesitamos que dentro de todo el proceso de la política de paz total planteada por el gobierno nacional, les invitamos a que se acojan”, demandó Camargo.

Además de este fortalecimiento, el defensor del Pueblo consideró que “el Gobierno colombiano tiene que estar en constante diálogo en permanente diálogo y comunicación con los otros gobiernos involucrados, con Panamá, con Costa Rica, con Ecuador, para que haya decisiones desde sus límites geográficas”.

“Al Estado colombiano y así como a los demás Estados decirles y exhortarlo a que tengan un verdadero compromiso frente a esta problemática migratoria que no es una situación exclusiva de Colombia, pero que Colombia como Estado, el gobierno nacional debe tomar medidas de fondo que permita contener esta situación”, insistió.

Precisamente, el domingo, Luis Eguiluz, jefe de la oficina para Colombia y Panamá de la ONG Médicos Sin Fronteras, calificó como un error que agravaría la crisis si llegan a militarizar la frontera.

“Nosotros no tenemos la capacidad de sugerir rutas o políticas migratorias pero lo que podemos decir es que, como hemos visto en tantos contextos, la segurización de las fronteras, la militarización de las fronteras, no reduce el tránsito de migrantes, pero aumenta su sufrimiento”, afirmó.

Destacó que por el contrario, los migrantes serán todavía más vulnerables ante las mafias de coyotes que los someten para que puedan realizar ese trayecto donde los viajeros son sometidos a todo tipo de vejámenes.

“Cualquier intento de reducir el tráfico -y lo vemos claramente en el Mediterráneo- expone a las personas a riesgos hasta cierto punto innecesarios cuando se pueden permitir rutas en las que se asegure el acceso a servicios y que no se exponga peligros”, señaló.