Chuzadas y persecuciones ilegales: Corte Constitucional ordenó entregar registros de GPS de los vehículos de la UNP asignados a la periodista Claudia Duque

Un nuevo capítulo se abre para la periodista colombiana Claudia Duque, quien fue una de las víctimas de las “chuzadas” y de persecuciones ilegales por parte del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La Corte Constitucional ordenó a la UNP entregar los registros de GPS recolectados de los vehículos de seguridad que le fueron asignados.

El motivo sería esclarecer si es cierta o no la denuncia interpuesta por la periodista en 2020, cuando señaló que había recibido información de que circulaban al menos 25 mil registros de sus movimientos, con los que pretendían ejecutar un plan criminal.

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De hecho, Claudia Duque tuvo que hacer entrega de su esquema de seguridad en febrero de 2022, después de solicitar en varias oportunidades, de forma infructuosa, que se retirara de forma inmediata los sistemas de localización instalados en el vehículo asignado por la UNP.

Año y medio después de que la periodista llegara hasta la Corte Suprema para atender las denuncias a través de una acción de tutela, el órgano determinó que, aunque es necesario el uso de los sistemas de geolocalización como parte de la estrategia de seguridad de la UNP y no necesita autorización alguna de los protegidos, sí se deben tener en cuenta situaciones que atenten contra su integridad que podrían llevar incluso a la desinstalación del GPS.

“Desinstalar cualquier dispositivo de monitoreo (incluido el GPS) que se encuentre en los vehículos asignados a la accionante, cuando ella o las autoridades competentes demuestren hechos que sugieran, si se quiere mínimamente, que la inclusión de tales dispositivos supone un riesgo para la vida e integridad de la accionante”, señala el fallo revelado por El Tiempo.

En la sentencia, el alto tribunal destacó que la información obtenida de los protegidos debe ser tratada con completa confidencialidad, y que debe garantizar que no existan filtraciones o pérdida de información que pueda vulnerar la privacidad y la integridad de quien usa el servicio.

En cuanto a la denuncia de Duque sobre un presunto plan para atentar en su contra basados en los registros de GPS del vehículo asignado por la UNP, la Corte Constitucional concluyó que “en este momento, no está plenamente demostrado un supuesto plan para atentar contra la vida e integridad de la accionante, como tampoco hay evidencia suficiente que pruebe que la información obtenida a través del GPS –o cualquier otro dispositivo– ha sido empleada con fines de inteligencia o seguimiento”

Sin embargo, ordenó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones que permitan esclarecer las acusaciones de la periodista, así como identificar a los responsables, si los hay, y llevarlos a estancias penales de ser necesario. Junto a la decisión, al ente investigador también le fue entregado los antecedentes del caso, como la discusión de Claudia Duque con un exempleado del DAS que después hizo parte de la UNP, además de las pruebas que entregó la periodista sobre el plan para atacarla utilizando sus datos de movimientos.

La Fiscalía también tendrá la responsabilidad de determinar si existieron trabajos de inteligencia con la información de Duque.

“Las investigaciones que deben adelantar las autoridades competentes son de la mayor importancia, pues permitirán develar, obtener pruebas y establecer con mayor certeza si, en efecto, existe un plan para atentar contra la vida de la accionante o intimidarla para que detenga sus actividades periodísticas y, además, si tales actuaciones (contrarias a la ley) han sido facilitadas a través del uso de instrumentos de monitoreo instalados en los vehículos asignados por la UNP para la protección de la actora”, indica el fallo.

Otra de las decisiones de la corte fue ordenar a la UNP a que se le restablezca su esquema de seguridad a Duque, sin desconocer que dichos vehículos contarán con un sistema de localización, aunque advirtió que la entidad deberá estar al tanto de cualquier novedad que pueda afectar la integridad de la periodista.

“Sin perjuicio de que, como resultado de las investigaciones que realicen las autoridades competentes, o eventuales circunstancias posteriores que sean puestas en conocimiento de la UNP, pueda resultar necesario que se adopten nuevos acuerdos o determinaciones por esa entidad, los cuales, incluso, resulten en la necesidad de exceptuar que el vehículo de protección cuente con GPS u otro dispositivo de propósito semejante”, reza el documento.

Como medida final, la Unidad Nacional de Protección tendrá que devolver los registros obtenidos desde el 2011 hasta el 2022 a la periodista, ya que consideró que hubo una vulneración a su derecho de habeas data, al no permitirle acceder a su información.

La sentencia de la Corte Constitucional fue aplaudida por Claudia Duque, quien arremetió contra las instituciones del Estado por no garantizar su seguridad ni la de los protegidos adscritos al programa de la UNP.

“La gran responsable de que la Corte no haya dado un paso más hacia mi protección es la Fiscalía General de la Nación, que no solo no ha investigado mis denuncias de marzo de 2020 sobre este tema, sino que en general ha asumido un papel vergonzosamente pasivo en todo lo relativo a las amenazas que he sufrido en los últimos años y, más aún, ha mantenido paralizado el caso por tortura psicológica en mi contra desde el año 2018″, enfatizó la periodista.