La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) puso a consideración del Gobierno de Gustavo Petro un plan de choque para reactivar la economía del país. Lo hizo por medio de una carta enviada por el presidente ejecutivo del gremio, Juan Martín Caicedo, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al ministro de Transporte, William Camargo.
En esta expuso siete propuestas y reflexiones que bien pueden contribuir al propósito que anima el Gobierno en el sentido de reactivar la economía, teniendo en cuenta que la inversión en infraestructura se erige en una condición necesaria para garantizar mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico.
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Además, que el rol del sector de infraestructura como motor dinamizador de la economía en Colombia es fundamental dada su condición contracíclica.
La primera propuesta tiene que ver con el presupuesto básico de la seguridad jurídica.
De acuerdo con la CCI, es imperativo reavivar la confianza y el apoyo de inversionistas y financiadores en el modelo de concesiones viales. Para ello, anotó, se requiere de la pronta actualización de las tarifas de peaje y la cancelación del compromiso soberano por descalce de vigencias futuras a tales concesiones.
La segunda propuesta consiste en solventar la problemática de proyectos contratados que presentan dificultades.
En esta, la CCI indicó que si bien es cierto que a la fecha el programa de concesiones viales de cuarta generación (4G) registra un avance promedio de 74,4%, se deben priorizar las soluciones para aquellos proyectos que hoy, por decisiones pendientes en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no lograron su cierre financiero o la ejecución de obras no marcha según los cronogramas previstos.
Citó el gremio que entre ellos están las concesiones Santana-Mocoa-Neiva, Mulaló-Loboguerrero-Bucaramanga-Pamplona, la iniciativa privada Girardot-lbagué-Cajamarca y la Perimetral de Oriente de Cundinamarca.
Proyectos de quinta generación
A su vez, que resulta fundamental garantizar los cronogramas de obra contractuales en los proyectos adjudicados de la quinta generación (5G) de las concesiones Malla Vial del Valle —Accesos de Cali y Palmira, IP ALO Sur, Accesos Norte de Bogotá Fase 11, Puerto Salgar-Barrancabermeja, Barrancabermeja-San Roque, Buga-Buenaventura, Canal del Dique y Ruta Caribe 11.
Como tercera propuesta está licitar pronto nuevos proyectos de alianzas público - privadas (APP) ya estructurados.
Ante esto, remarcó que la ANI cuenta con un pipeline de proyectos en etapas avanzadas de estructuración, los cuales suman cerca de $22 billones. Su adjudicación y por consiguiente construcción puede generar cerca de 620.000 empleos directos, indirectos e inducidos. A este respecto, sugieren un “plan especial” también al interior de la ANI, para avanzar con prontitud en la respectiva aprobación de los proyectos.
Es el caso de proyectos carreteros como Pasto-Popayán, Villeta-Guaduas e IP Conexión Centro, proyectos férreos como La Dorada-Chiriguaná y proyectos aeroportuarios como IP Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, IP Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, IP Nuevo aeropuerto de Cartagena, IP Aeropuerto de Cali, IP Campo de vuelo e IP El Dorado Max, los cuales son ejes fundamentales para darle un impulso al sector concesionado y garantizar la tan anhelada conectividad del territorio nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de otros proyectos intermodales de APP que desde ya la ANI puede empezar a estructurar con el fin de lograr mayores niveles de productividad y competitividad.
La cuarta propuesta sugiere garantizar la asignación presupuestal necesaria para la ejecución de los proyectos a cargo del lnvías.
Menciona la CCI que además de las importantes inversiones en los referidos programas 4G y 5G de concesiones, entre 2023 y 2030 se invertirán cerca de $43 billones en programas de obra pública como “Caminos Comunitarios para la Paz”, “Colombia avanza” y “Legalidad y reactivación 2.0″, entre otros.
Al respecto, puntualizó que vale la pena destacar el potencial económico y social que generan las pequeñas y medianas empresas de ingeniería: generación de empleo, reducción de la informalidad y estímulo al crecimiento económico. Esto, teniendo en cuenta que, según el Dane, el 90% del sector productivo colombiano está conformado por pymes (pequeñas y medianas empresas) ubicadas en su gran mayoría en ciudades y municipios distintos a Bogotá, generan cerca del 40% PIB nacional y concentran más del 80% de la fuerza laboral en el país.
En relación con la quinta propuesta, esta se refiere a apalancar proyectos estratégicos en los cuales converjan diversas fuentes de recursos.
Así las cosas, a efectos de garantizar mayores niveles de conectividad en el corto y mediano plazo, se requiere de una coordinación estrecha entre el Gobierno nacional y local con el fin de apalancar proyectos estratégicos en los cuales converjan las diversas fuentes de recursos (Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías).
De lo anterior, dijo que es posible inferir que de confluir la efectiva y eficiente asignación y apropiación de los recursos en mención con la definición de proyectos estratégicos, se lograrían consolidar importantes avances e impactos positivos en materia de bienestar social en las regiones.
Sistema General de Regalías
Sobre la sexta propuesta está el hecho de revisar la efectividad del Sistema General de Regalías, por lo que manifestó que se hace imperativo revisar pronto la efectividad de este.
Lo anterior, dado que no se compadece con la escasez de recursos, el hecho de que a la fecha aún cuenta dicho sistema con más de $16 billones sin asignar. “Equivale ello a una dramática paradoja, de cara al notorio déficit de infraestructura y vías en las regiones, especialmente, las más necesitadas y apartadas”, señaló.
La séptima y última tiene que ver con involucrar en el ejercicio de reactivación a las ciudades capitales
Lo anterior porque, salvo Bogotá, las ciudades capitales no evidencian inversiones notables en infraestructura de transporte. Según el gremio, se requiere de un mecanismo eficaz de coordinación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales, a fin de apalancar la financiación de proyectos estratégicos en los cuales converjan las distintas fuentes de recursos.
Esta es la carta enviada por la CCI a los ministros de Hacienda y de Transporte:
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