
El 5 de agosto se conoció el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho en la isla de Koh Phangan. Tras diez días de investigaciones, el 15 de agosto, Surachate Hakparn, conocido como Big Joke, el agente de policía que lidera las pesquisas, recomendó, sujeto al orden jurídico tailandés, que le sea impuesta la pena de muerte a Sancho por el asesinato, premeditado, como se comprobó en las indagaciones de las autoridades del país del sudeste asiático.
Durante una rueda de prensa, el agente Hakparn también entregó detalles de la investigación, como que se ha podido comprobar, luego de análisis de ADN, que Sancho actuó solo y que no hubo drogas involucradas en el asesinato de Arrieta. Además, explicó que aún no se ha podido determinar cómo murió el cirujano colombiano y que se manejan dos hipótesis: que haya muerto de una puñalada en el pecho o que, como aseguró Sancho en su primera declaración, que Arrieta fallecido de un golpe en la cabeza contra la bañera por una discusión.
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Ahora la policía tailandesa tiene 84 días para concluir y entregar el primer informe de investigación al fiscal del caso y dar apertura al juicio en contra de Sancho. Ante la posibilidad de que le sea impuesta la pena de muerte al chef español, Infobae Colombia consultó a los penalistas David Teleki y Francisco Bernate para tener luces sobre la viabilidad de que esta pena le sea impuesta al confeso asesino del cirujano colombiano y si a la luz del derecho moderno es una medida aceptable para este tipo de crímenes.
De acuerdo con el abogado Francisco Bernate, es viable que le impongan la pena de muerte a Sancho, toda vez que “en aquellos países donde exista la pena capital, o la pena de muerte, perfectamente la pueden imponer y es una posibilidad”, y explicó que al cometerse el delito en territorio tailandés no afecta que Sancho sea extranjero.
Sin embargo, Bernate y el abogado David Teleki coinciden en que esta es una pena va en contravía de los postulados del derecho moderno, que busca que las penas resocialicen al sujeto objeto de la misma. Para el abogado Teleki “la pena de muerte es la máxima expresión del castigo inhumano, cruel y degradante”.

A esto añadió que “no existe ninguna justificación o razón para decir que la pena de muerte disuade del delito” y advirtió si bien “se la ha aplicado a muchos delitos porque cada sociedad cambia sus valores, riesgos y expectativas. En todos los casos su aplicación ha sido sobre población vulnerable (pobres, marginados, enemigos políticos)”.
Por su parte, el abogado Bernate reparó en que si bien hay un acuerdo internacional, a raíz del Pacto de Nueva York de 1966, para que la pena de muerte sea abolida de los ordenamientos jurídicos en todo el mundo, esto es solo un anhelo y una intención que no ha logrado materializarse. Al respecto, el abogado Teleki le señaló a Infobae Colombia que, con corte a 2007, hay 131 países que la han abolido.

El abogado Teleki también reparó en que “con la pena de muerte el Estado se deslegitima éticamente” y que “la mayoría de países que aun la mantienen son regímenes despóticos, totalitarios o de sistemas procesales desequilibrados y sin garantías procesales”. Además, señaló que la pena de muerte “no tiene forma de revertirse y viola desde la declaración universal de los DD. HH. (1948) hasta los múltiples protocolos a convenciones”.
El penalista Bernate, que es miembro de la organización Académicos por la Abolición, que lucha para que la pena de muerte no sea una solución judicial y que denuncia casos en los que, por errores judiciales, se han ejecutado a personas inocentes, anotó que “en el derecho penal moderno es contrario a idea de la pena de muerte y la evolución del derecho internacional de los derechos humanos hacia que los países no la puedan establecer y ojalá avancen hacia derogarla; pero estos esfuerzos, en la mayoría, han sido en vano”.
Mientras que el abogado Teleki es taxativo y dijo: “A la luz del derecho moderno es una monstruosidad, sea por cualquier clase de delito”.
Por ahora, queda esperar a que la policía tailandesa entregue el informe a la Fiscalía para que, en juicio, se defina si se condena, o no, a la pena de muerte a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta.
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