Un año de evolución en garantías para la autonomía reproductiva

2023 ha sido el año de dos aniversarios: el primero de gestión del nuevo gobierno y también el primero de implementación de la histórica decisión de la Corte Constitucional (C-055-2022) que no solo despenalizó el aborto en Colombia, también exhortó a las autoridades competentes, incluido el Gobierno nacional, a regular el acceso a este servicio de salud para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en el país. Revisando en detalle ese exhorto, ¿qué ha hecho el Estado para garantizar la autonomía reproductiva de las personas en este último año y con ello implementar esta importante decisión? Acá les cuento.

El poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Salud, ha cumplido con este mandato al implementar lo ordenado por la Corte en esta sentencia que logramos desde el Movimiento Causa Justa. No se trata de un tema menor, las acciones tomadas por el Gobierno en ese sentido hacen realidad lo dicho por la Corte y disipan cualquier duda sobre supuestos vacíos legales.

En un país como Colombia, donde en muchas ocasiones los derechos ganados se quedan en letra muerta, valoramos positivamente que el Ministerio de Salud haya emitido la Resolución 051 del 12 de enero de 2023, que adoptó la regulación para la atención integral del aborto, poniendo en práctica el pedido oficial de la Corte. En este caso, el Ejecutivo cumplió con su deber constitucional y demostró que comprendió lo dicho por el alto tribunal: que la interrupción voluntaria del embarazo es un servicio de salud esencial que garantiza derechos fundamentales como la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la libertad de conciencia, entre otros.

Con la Resolución 051 de 2023, dicho ministerio unifica la regulación sobre el servicio de aborto y establece reglas claras que dan, a su vez, seguridad a todo el sector salud sobre la prestación de este servicio en los términos que indicó la Corte. Es decir, libre hasta la semana 24 y, de ahí en adelante, en casos de violación, cuando la vida o la salud de la mujer o persona gestante está en riesgo y cuando el embarazo sea incompatible con la vida extrauterina. Se trata de un acto administrativo que tiene como objetivo, entre otras, disipar cualquier duda frente a las obligaciones del sector salud en esta materia y que debe entonces contribuir a derribar las barreras que usualmente enfrentan las mujeres en toda su diversidad, los hombres trans y personas no binarias, al buscar un servicio de aborto en Colombia.

Entre reiteraciones de efectivas regulaciones anteriores y nuevos aportes, la resolución señala, por ejemplo, que no pueden crearse pactos de objeción de conciencia para negar el servicio o proveer información engañosa; que no deben existir dilaciones o tratos inhumanos; que hospitales públicos o EPS no pueden cobrar por este servicio y están obligadas a garantizarlo en máximo cinco días; que no se puede exigir consultas previas a menos que se soliciten para acceder al aborto por causal salud después del tiempo establecido por la Corte para el aborto libre; o que cuando se trata de menores de 14 años, casos en los que siempre se presume violación, no se puede exigir como requisito la autorización de los padres ni tutores.

Asimismo, la resolución estableció que el servicio de aborto debe estar disponible en todo el territorio y en todos los niveles de complejidad y que tienen derecho a este servicio las mujeres, las niñas, los hombres trans y personas no binarias, mujeres migrantes (incluso si se encuentran en situación irregular), las personas con discapacidad a quienes se les debe respetar su decisión sin ser sometida a la aprobación de nadie, entre otras.

El pedido de la Corte Constitucional en la Sentencia Causa Justa no fue nuevo, ya desde 2018 había solicitado al Ministerio de Salud establecer una regulación en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Por esa razón, es un logro que se haya saldado esa deuda institucional. Incluso, no puedo dejar de mencionarlo, desde septiembre de 2022, mientras se preparaba la resolución, el ministerio de Salud ya había avanzado en emitir una circular para asegurar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.

Con esto podemos decir que en Colombia, gracias a esta decisión de la Corte, a la jurisprudencia constante de la misma y a las regulaciones que el Ministerio de Salud ha adelantado, existe una obligación clara del sector salud de garantizar el acceso al aborto libre sin ningún tipo de obstáculo y por supuesto, sin ejercer violencia o discriminación. Este es un asunto de la mayor relevancia, pues de lo que se trata, al fin de cuentas, es de respetar los derechos fundamentales de todas las personas en esta democracia.

Ahora bien, sin duda el actual gobierno tiene muchos retos todavía en materia de derechos sexuales y reproductivos. Esperamos del ministerio una debida divulgación de esta resolución que incluya completas y constantes capacitaciones al sector salud en todo el territorio y que garantice campañas de difusión para la población. La labor de información en este sentido es fundamental para que se cumpla con la promesa de la misma: que todas las personas puedan acceder a este servicio de salud.

De igual forma, y entre muchos otros pendientes, el gobierno debe implementar una política pública robusta en materia de salud sexual y reproductiva que incluya, entre otros, un componente fuerte sobre educación sexual integral. Necesitamos que niñas, niños y adolescentes puedan crecer entendiendo las dimensiones de las relaciones afectivas y de la violencia. De esa forma tendrán herramientas para reconocer, desde temprana edad, que cada uno y una de ellas tienen derechos y agencia propia para ejercer su capacidad de consentir y tomar decisiones autónomas.

Quiero cerrar apuntando que, en todo caso, los avances Estatales que he descrito en materia de autonomía reproductiva tienen origen en el trabajo colectivo del movimiento feminista que ha litigado de forma estratégica y se ha tomado las calles para avanzar. Reconoceremos siempre a los y a las servidoras públicas que cumplan su deber luego de escuchar nuestros justos reclamos, pero también haremos control detallado de su gestión, de tal forma que en los tres años que quedan de este gobierno y en los gobiernos que sigan, quede establecida una institucionalidad de Estado que garantice nuestros derechos constitucionales y que difunda al respecto información cierta, imparcial y objetiva a la sociedad.