En un contexto donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia en 224 municipios de 19 departamentos del país, la Defensoría del Pueblo anunció su compromiso de mantener la verificación de posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) en el inicio del cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y el ELN.
El cese al fuego bilateral, parte de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, que tuvo inicio este 3 de agosto y se extenderá hasta el 29 de enero de 2024, ha sido acompañado por la Defensoría, que este año ha presentado seis informes en los que advirtió las vulneraciones a los derechos de las comunidades, como amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento de menores.
Estos hechos fueron atribuidos a grupos armados ilegales que también se acogieron a la suspensión de acciones bélicas anunciadas por el Gobierno a comienzos de año.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó en la importancia de conocer en detalle los protocolos establecidos con el ELN, pero afirmó que, con o sin protocolos, la verificación de eventuales afectaciones a las comunidades continuará en todo el territorio colombiano.
Uno de los aspectos clave para la Defensoría es evitar que el ELN continúe con la vinculación de menores de edad a sus filas y esto será a través del Sistema de Alertas Tempranas.
Además, Camargo Assis hizo un llamado a todas las organizaciones armadas para que cumplan a cabalidad lo acordado y no pongan en riesgo el anhelo de paz que tiene Colombia.
De hecho, la Defensoría expresó para el medio que continuará con su labor de monitoreo especial y presentará informes periódicos sobre las posibles vulneraciones a los derechos humanos en el desarrollo del proceso de paz.
Cabe destacar que el protocolo del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN, dado a conocer el pasado 15 de julio, establece las reglas de juego y contempla lo prohibido durante la medida, ya que detalla el mecanismo de monitoreo y verificación que acompañará su implementación.
Con nueve puntos suscritos por ambas partes, se determinó la operación del cese al fuego en todo el territorio colombiano, en el que se incluyó el rol de la Iglesia, prórroga y suspensión, seguridad y protección, entre otros aspectos.
Además, explicó que se instalará el Comité Nacional de Participación en Bogotá, con el objetivo de dar mayor voz a las poblaciones afectadas en la mesa de diálogos de paz, que tendrá lugar en Corferias y contará con la presencia del presidente Gustavo Petro. Con el inicio del cese al fuego y el compromiso de la Defensoría, se espera avanzar hacia la construcción de una paz duradera y respetuosa de los derechos humanos en Colombia.
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